Los ecuatorianos estamos a pocos días de volver a ejercer el más grande derecho que nos concede la democracia: las votaciones, el de decidir por el ‘sí’ o ‘no’, lo que significa que no es una votación cualquiera. Cada pregunta de la consulta popular y el referendo nos invita a reflexionar por lo que queremos como país y por lo que estamos dispuestas, a través de un voto, para conseguirlo. Votar es asumir la responsabilidad de pensar, más allá de cualquier consigna y discursos de partidos políticos. Hay que tener madurez cívica, capacidad de análisis, de informarse y decidir, con conciencia propia y no por imposición de nadie. Hay que escoger el mejor camino para un mejor país, sin ataduras, sin miedos, con una justicia sin corruptela. Después de tanto debate, por políticos, analistas especializados en el tema y por el propio gobierno, sobre si es prudente ir a un proceso constituyente, en estos momentos o si necesitamos una nueva Constitución, vemos que las ideas no están claras, en los textos expuestos, creciendo las expectativas y especulaciones, sobre la oportunidad o no de dicha convocatoria y los riesgos que ello implica. A pesar de todo esto, desde hace mucho tiempo atrás se escucharon voces reclamando por el marco constituyente creado en 2008. Había una suerte de resignación, por el simple temor de lo que podía suceder y que seguimos condenados a mantener los obstáculos de esa constituyente, que puso en jaque el desarrollo económico, político, con fallos en las leyes, en la Asamblea y otros elementos negativos para la sociedad ecuatoriana. Por estas razones, el Gobierno actual hace este llamado, a votar el 16 de noviembre, por el sí, no como un fin, sino como una necesidad, por una constituyente que devuelva al país orden, justicia, seguridad y progreso colectivo, pero realmente, los votantes deben leer el contenido de las preguntas, como sobre las bases extranjeras en el país, que fueron suspendidas.
Ecuador frente al espejo de la Constitución
También está una pregunta sobre el financiamiento económico a los partidos políticos; los partidos políticos han sido privilegiados desde la Constitución de 1978 y la de Montecristi, le dio más poder. Los partidos políticos deben ser privados, no tienen que recibir dinero del Estado. Apostar por esa medida significa exigir partidos más transparentes.
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Asimismo, reducir el número de asambleístas, de 151 a 73. El país está cansado por su ineficiencia. La propuesta permitiría un mejor control, directo y exigente, en todos los sentidos. El Estado ahorrará muchos recursos y además se recuperaría la legitimidad de la representación, devolviéndole al Legislativo su sentido de servicio.
¿Es hora de una nueva Constitución?
Finalmente, sobre la consulta popular, sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para redactar una nueva Constitución, no debemos asustarnos, sino inspirarnos, cambiar una nueva Constitución no es destruir lo construido, sino aceptar que el país de hoy no es el del 2008. Hay que depositar el voto, con fe y razonamiento, no con el corazón y veremos cambios en el país.
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Por lo tanto, estimados lectores y votantes, todos tenemos en las manos la decisión, mediante la grandeza de la democracia. (O)
Robespierre Rivas Ronquillo, periodista, Guayaquil