Caso 1: Mujer de 22 años muere después de ser detenida por la llamada “Policía de la Moral”. Su delito no fue otro que llevar mal puesto el hiyab, el velo que el islam obliga a llevar a todas las mujeres. La joven fue detenida por agentes cuya tarea es asegurarse de que la sociedad cumpla los mandatos morales escritos en el Corán. Sucedió en Irán, un país que según Amnistía Internacional sufre de un “terrible deterioro de los derechos humanos” y donde las mujeres son muy afectadas por la falta de respeto de sus derechos. La noticia se da sin nombre ni identificación de la fallecida.

Caso 2: Mujer, abogada de 34 años, madre, de nombre María Belén Bernal, ecuatoriana, desaparecida desde el 11 de septiembre al visitar a su pareja, un instructor, en una escuela de policía en Quito. El 21 de septiembre a 3,5 kilómetros de dicho lugar encontraron sus restos enterrados en un cerro. La fiscalía relaciona el caso de violencia de género, en un país que ha llegado a contabilizar 264 feminicidios en lo que va del 2022. Esto ocurrió en nuestro país, el Ecuador, un Estado occidental “constitucional de derechos y justicia, social, democrático…” (artículo 1 de la Constitución del Ecuador).

Dos realidades político sociales distintas, y crimen por el mismo tema, asesinato de mujeres por el solo hecho de serlo. En Ecuador el feminicidio es un crimen tipificado y en Irán es legitimado. Dos realidades que nos siguen uniendo en esta lucha reivindicatoria de derechos para las mujeres. Seguimos siendo vejadas, juzgadas, violentadas. ¿Aún dudamos de que las sociedades además de ratificar la agresividad contra las mujeres y la falta de programas a nivel nacional e internacional para corregir esta realidad, señala la intervención de la misma acción policial en ambos países?, países en igualdad de tratamiento en derechos de las mujeres. ¿Habrá alguien que ante esta catástrofe social todavía pueda asegurar que las mujeres hemos conseguido un mundo igualitario en el que somos tratadas de igual forma que los hombres y bajo el ejercicio de los mismos derechos, justicia y equidad? (O)

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Andrea Mora Dávila, abogada; Madrid, España