El Gobierno propuso una reforma con carácter económico urgente que reúne algunas disposiciones bien intencionadas y otras con intenciones no tan claras. El objetivo de la ley es crear condiciones para generar un boom laboral y, por otro, lograr un equilibrio en las cuentas fiscales.

Sin embargo, pese a las buenas intenciones, muchos analistas han concluido que en lo laboral la norma precariza la condición de los trabajadores y se retrocede en los logros previamente obtenidos y consagrados en la Constitución, leyes y normativa internacional, como por ejemplo la estabilidad laboral; y en lo tributario se castiga a la clase media y la clase alta, y se restringen la capacidad de inversión privada y el consumo. Se corta por el lado más frágil, el de los trabajadores y el de los contribuyentes.

En el tema laboral, los nuevos contratos de trabajo bien podrían verse beneficiados de adecuados estímulos fiscales, y en el esquema impositivo fiscal, coincidiendo con el análisis del presidente Lasso, se puede estructurar un sistema que más allá de los ingresos y la pura renta, brinde incentivos tributarios a sectores que dan mayor empleo, requieran más inversión y que impulsan el desarrollo turístico y agrícola del país. Por otra parte, han olvidado incluir propuestas innovadoras para que el sistema de Seguridad Social se convierta en un envión financiero que dinamice la economía de los ecuatorianos, y nada se ha dicho para impulsar un sistema que rompa el monopolio del IESS y lo obligue a competir con otros prestadores de servicios de pensión y salud. La necesidad de las reformas son resultado de un negligente e ineficiente sistema estatal del que nada se ha dicho de su reducción o cuándo mejora en eficiencia. Implementar reformas y cargárselas al más débil (trabajador y contribuyente) resulta tan injusto como pedir cambios al nuevo Gobierno en apenas cinco meses de trabajo. (O)

Álvaro Eduardo Suárez Delgado, abogado en derecho mercantil, Guayaquil