La crisis que hoy asfixia a Quito no es un fenómeno espontáneo; es el resultado de un proceso de degradación administrativa que se aceleró tras el fin de las gestiones de Roque Sevilla y Paco Moncayo. Aquella época, recordada por una planificación técnica, una visión de ciudad a largo plazo y una administración que priorizaba la eficiencia sobre la burocracia, parece hoy un recuerdo lejano frente a un Distrito Metropolitano que se ha convertido en un botín político.
El declive es evidente. Hemos pasado de una ciudad que lideraba procesos de modernización a una capital donde la vialidad está desatendida, la recolección de basura es deficiente pese al incremento de tasas, y la inseguridad se normaliza ante la pasividad de agentes de control y tránsito que han abandonado sus funciones. Este caos es la consecuencia directa de un sistema electoral que permite que alcaldes con apenas un 25 % de respaldo popular lleguen al poder, sin el capital político necesario para imponer orden ni la capacidad técnica para gestionar con rigor.
Considero que el Municipio ha dejado de ser una entidad operativa para transformarse en una agencia de empleo para cuotas políticas. Por ello, la solución no puede ser superficial. Se requiere una reforma estructural total que recupere la autoridad central y la capacidad administrativa perdida.
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Es imperativo realizar un censo administrativo profundo que determine cuántos funcionarios sobran y cuántos técnicos faltan. Quito necesita que sus administraciones zonales dejen de ser elefantes blancos y se conviertan en puntos clave de ejecución, donde el mérito y el cumplimiento de indicadores (KPI) reemplacen a la lealtad partidista.
Recuperar la capacidad operativa directa del Municipio es la única vía para frenar el deterioro. (O)
Carlos Bustamante Salvador, abogado criminalista y mediador, Quito
