En un ambiente cargado de negros nubarrones preludio de una gran tormenta, provocada por los vientos monzónicos de los políticos de turno. Sobrevive un escuálido y enfermo llamado Juan Pueblo, que pertenece a la clase media para abajo, desesperado busca atención médica en un hospital público, por suerte consigue cita para seis meses y cuando llega, el médico le receta cierta medicina que la institución le niega, porque carece de todo; triste y abatido, no tiene alternativa, debe comprar con su paupérrima pensión jubilar. La mafia incrustada en la salud pública, indolente presencia todos los días como la gente muere en los hospitales por falta de médicos, insumos y medicina y el Gobierno esconde la cabeza. Además, los hijos del hombre tienen baja formación académica, condición que arrastran hasta su nivel profesional, si alcanzan, asisten a una escuela maltrecha, con profesores mal pagados que hacen lo que pueden por cumplir con su misión. Todo se agrava cuando, a pretexto de la violencia, las clases son impartidas en línea, lecciones que son perdidas porque no disponen de internet. A esto se suma el crecimiento de las extorsiones y muertes violentas, que le sumergen en el miedo y la impotencia. En este escenario, el presidente propone elevar a consulta popular una reforma constitucional para que los jueces de la Corte Constitucional sean sometidos al control político de la Asamblea Nacional. Respuesta difícil, no porque la Constitución lo prohíbe, pero sí porque son empleados públicos, ¿qué será primero, la Constitución o la necesidad coyuntural de la gente?, ni los entendidos lo pueden descifrar. Juan Pueblo no entiende ni quiere saber, menos pronunciarse en las urnas, lo que quiere, y de urgencia, es: seguridad, empleo, salud, educación. Ahora no tiene cabeza para pensar qué fue primero si el huevo o la gallina. (O)
Marco A. Zurita Ríos, ingeniero civil, Quito