Mucho se habla de reducir el gasto público pero, más allá de solo pensar en la reducción del tamaño del Gobierno central, debemos reducir el tamaño de los Gobiernos locales, donde el clientelismo político se evidencia claramente en el exceso de personal en casi todas las áreas; por ejemplo, encontrar en una recepción hasta cuatro personas o funcionarios que no están haciendo nada en las oficinas (ni siquiera tienen un computador), y más casos; todo esto se traduce en que muchas prefecturas y municipios (con mayor énfasis) destinen entre el 70 % y el 80 % de su presupuesto anual a pagar solo sueldos, dejando casi nada para obra pública, que es lo que requieren los cantones.

Por lo anterior, se presentó el proyecto de ley para la eficiencia del gasto enviado por el Ejecutivo como urgente, donde plantea que los municipios se sometan al control ciudadano, buscando que el 70 % del presupuesto de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) se destine a inversión en infraestructura y servicios básicos, en vista de que en promedio el 40 % de sus presupuestos es destinado a ese rubro, siendo en el 2021 lo direccionado el 37,10 %, mientras que en el 2022 fue de 45,37 %, en el 2023 fue del 43,10 % y en el 2024 se ubicó en el 39,24 %. Para lograr la eficiencia del gasto se plantea una reforma al artículo 198 del Cootad, en el que será obligatorio que los GAD inviertan en obra pública el 70 % de su presupuesto. Más presupuesto para obras permitirá mejorar los niveles de vida de la población, que no se consigue con los festejos, exceso en gastos publicitarios y demás acciones que se van incrementado cuando se acercan las campañas políticas, convirtiendo a muchos municipios en feudos. Seguramente habrá detractores que digan que la intención de este proyecto es reducir el presupuesto que el Estado por ley les debe asignar; si el proyecto de ley es aprobado, estarán obligados los GAD a cumplir con el mínimo de direccionar el 70 % a obra pública, para así recibir el 31 % de los ingresos permanentes y no permanentes del presupuesto general del Estado. Además, el proyecto de ley establece algunos mecanismos de control, como, por ejemplo, informar trimestralmente a la ciudadanía sobre la ejecución del gasto; así también se incorporan responsabilidades administrativas y civiles en caso de incumplimiento, entre otras acciones. La pregunta en el futuro será: ¿qué tan dispuestos están los Gobiernos seccionales a emprender una reducción de su tamaño? Si se trata de “sacrificios”, no solo el Gobierno central y la ciudadanía deben hacerlo, sino también todos los niveles de gobierno. Lo importante es que el ciudadano sea el beneficiado por las obras y no el clientelismo político que beneficia a unos pocos. A ese gato hace rato había que ponerle cascabel. (O)

Jorge Calderón Salazar, analista económico, Guayaquil