A propósito de lo sucedido por el reciente fallecimiento de un neonato por supuesta mala práctica médica en el Hospital del IESS Ceibos ha generado conmoción social y encendido nuevamente una controversia sobre factores inmiscuidos dentro del caso. El caso se presenta a dos semanas de que se produjera la muerte de varios neonatos en el hospital Universitario de Guayaquil, del Ministerio de Salud Pública.
Esta situación es claramente el “pico del iceberg” que afecta a miles de pacientes diariamente en relación con la calidad de atención médica que involucra la falta de insumos médicos, sobrecarga del personal médico, horarios laborales extendidos y carencias en los protocolos de emergencias hospitalarias dentro de la red de salud pública a nivel nacional. ¿Qué está pasando con los médicos? ¿Dónde se ha quedado el juramento hipocrático?, el cual compromete al médico a actuar en beneficio del paciente, manteniendo su integridad física y sobre todo su parte humana que dice en latín primum nocere que se traduce “lo primero no es hacer daño”, siendo esta la base de sus prácticas médicas.
Si bien las probabilidades que tiene un prematuro de sobrevivir son bajas, por el alto riesgo y complicaciones que conlleva un parto de esta envergadura, no es posible que los médicos responsables de salvar vidas no se hayan dado cuenta de que el bebé seguía vivo minutos después del parto, si no fuese por la intervención del padre, quien alertó al médico acerca de los signos de vida de su hijo. Es comprensible el dolor de los padres por la pérdida de su hijo que se suma a la indignación de no contar con un protocolo frente a las complicaciones que pueda garantizar la vida del recién nacido.
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De acuerdo con versiones de los familiares, el parto estuvo rodeado de múltiples irregularidades y deficiencias en torno a la atención médica. Se presume que a la madre se le practicó una ecografía incorrecta, en la que se concluyó que el neonato de apenas 6 semanas de gestación no registraba latidos en su corazón, provocando el deceso del prematuro. Luego de haber ingresado a la progenitora al trabajo de parto para la extracción del bebé, se dan cuenta de que no estaba muerto sino que fue un mal diagnóstico ecográfico.
Este hecho evidencia un problema estructural que no es nuevo. Sin embargo, no representa un justificativo la ausencia de atención oportuna, ética, profesional y humana hacia los pacientes. Lo ocurrido constituye una remarcada negligencia médica que deja secuelas y desconfianza en los ciudadanos ecuatorianos sobre nuestro sistema de salud pública que debería velar por ser una fuente confiable, eficaz y segura para todos quienes merecemos recibir un trato justo como seres humanos de igualdad y respeto.
De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 45, establece expresamente que el Estado debe garantizar la seguridad y la vida de los niños. ¿Dónde se han quedado los derechos humanos?, ¿existen mecanismos de control y supervisión para que estos casos no queden en la impunidad como muchos otros que no se hablan? Está claro decir que el fallecimiento de este neonato no solo deja una huella de dolor en una familia que confió ciegamente en el sistema de salud, sino que también constituye un llamado urgente hacia la reflexión, la vida de cada paciente debe ser protegida con la máxima responsabilidad.
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Este es uno de los casos que desviste las grandes falencias estructurales del sistema de salud pública. Por lo tanto, necesitamos un sistema que garantice médicos capacitados para atender oportunamente al paciente sin hacer suposiciones o adelantar criterios de ninguna índole. Además hago un llamado al sistema de compras públicas para que dé prioridad al abastecimiento de implementos médicos en todos los hospitales de la red pública a nivel nacional. (O)
Julián Barragán Rovira, magíster en Management estratégico, Guayaquil
