El proyecto denominado Viaducto Sur o Quinto Puente ha sido motivo de polémica por la anulación del acuerdo presidencial sobre la delegación del proyecto al Municipio de Guayaquil.
Creo necesario empezar aclarando que el proyecto no es de interés local (Guayaquil) o zonal (Guayas); se trata de un eslabón de integración regional que abarca más del 60% del territorio ecuatoriano; que compromete al 85 % de la carga total del país; que facilita el transporte internacional del mayor puerto de contenedores refrigerados del mundo (Guayaquil); que estimulará la formación de unidades logísticas que permitirán desconcentrar el movimiento comercial de Guayaquil y su área de influencia ; que optimizará el costo de transporte desde y hacia los puertos de Guayaquil, beneficiando a todos los productos importados y a las exportaciones privadas de todo el país: que aliviará el impacto ambiental en no menos del 30% de los habitantes del Ecuador; y que en un futuro no muy lejano permitirá integrar el centro sur del Ecuador con el norte del Perú. Todo ello nos permite asegurar que se trata de un proyecto de interés nacional. Bajo esta premisa, no es procedente que sea un municipio el que se encargue de sacar adelante esta importante obra.
El país debe estar consciente de que la conectividad, el transporte y la transitabilidad deben enmarcarse en conceptos muy claros. El Gobierno central debe ser responsable de la vialidad primaria del país y el Viaducto Sur es parte de esta red principal.
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El Municipio debió y debe ser un actor importante en el proyecto como facilitador, coparticipando en la expropiación de terrenos necesarios para ejecutar la obra en los plazos propuestos; en la determinación de las rutas que se proponen para la integración vial de la red urbana con el trazado final del proyecto; en hacer un seguimiento ordenado del proceso precontractual y contractual del proyecto; de alentar y exigir el cumplimiento de las diferentes etapas del proceso. Cabe aclarar que el primer paso se dio en la sesión solemne del cabildo guayaquileño en octubre de 2002, en la cual se adjudicó el contrato de prefactibilidad para el proyecto “Viaducto Sur” por parte del gobierno de Gustavo Noboa. Han pasado más de 20 años de aquel evento y recién hace unos dos años se comienza a hablar del tema, cuando estuvo archivado por olvido de nuestros políticos.
Finalmente, no creo que sea factible en las actuales circunstancias que exista una empresa que pueda interesarse en la concesión de un proyecto cuyo único ingreso sea el peaje. Los valores de peaje en Ecuador tienen un alto contenido de populismo y se confunden con el concepto de “socialmente sostenible”. Será necesario analizar alternativas a base de cobro de peaje por peso de mercadería; plusvalía de terrenos beneficiados por el trazado del proyecto; y por supuesto un componente importante de aporte estatal en el mediano y largo plazo.
No hay que dejar de exigir la ejecución de esta importante obra para el país. Es hora de trabajar pensando en las próximas generaciones que ya empezaron a mostrarse en las últimas elecciones. (O)
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José Macchiavello Almeida, ingeniero civil, Guayaquil
