El sistema de salud pública en Ecuador atraviesa una crisis estructural profunda que afecta tanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como al Ministerio de Salud Pública (MSP). Esta situación no se reduce a carencias puntuales, sino que responde a un modelo de gestión ineficiente, fragmentado y cada vez más dependiente de la tercerización de servicios a centros de atención médica privados. El resultado es un sistema costoso, menos equitativo y crecientemente insostenible para el Estado.
Durante años, el IESS y el MSP han derivado de forma sistemática prestaciones médicas al sector privado, en lugar de invertir en su propia red pública de atención. Esto ha generado una deuda millonaria con prestadores externos y ha debilitado la capacidad operativa del sistema estatal. Servicios que podrían haberse brindado mediante infraestructura propia, con personal directamente contratado y con abastecimiento controlado por el Estado, terminan pagándose a precios elevados.
Como médico asistencial, me pregunto con legítima preocupación: ¿no habría sido más racional construir y equipar centros propios, en lugar de seguir pagando por cada procedimiento derivado? ¿No sería más eficiente contratar directamente a los miles de profesionales formados que hoy permanecen desempleados o subempleados, antes que financiar procedimientos privados con sobreprecios? ¿No tiene el Estado capacidad –a través de compras públicas– para adquirir medicamentos e insumos a precios preferenciales, evitando así la fragmentación y el encarecimiento del gasto?
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Ahora bien, no corresponde que los médicos clínicos asumamos tareas de planificación, compras públicas o administración presupuestaria. No es nuestra función ni nuestro campo de competencia. La medicina clínica requiere concentración en la atención, el diagnóstico y el tratamiento. Para las tareas de gestión y planificación existen profesionales con formación específica en administración pública, gerencia hospitalaria y economía de la salud. El problema es que el sistema no ha creado ni consolidado los espacios institucionales para que estos perfiles técnicos asuman la conducción de manera orgánica, profesional y orientada al bien común. En su lugar, muchas decisiones estratégicas se siguen tomando desde lógicas políticas, clientelares o improvisadas, sin conexión con las necesidades reales del sistema.
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El MSP, a pesar de estar constitucionalmente obligado a garantizar atención universal y gratuita, no cuenta con los recursos ni con la estructura suficiente para cumplir ese mandato. En lugar de fortalecer su red de atención primaria, invertir en hospitales de tercer nivel y ampliar la cobertura especializada, continúa derivando pacientes al sector privado, replicando los mismos errores del IESS. Se sigue parchando con gasto externo lo que debería resolverse con inversión pública estructural.
En este contexto, es especialmente preocupante que organismos internacionales recomienden la reducción de la masa salarial del sector público sin considerar sectores estratégicos como la salud. Lo que se requiere no es achicar indiscriminadamente el Estado, sino reorganizarlo con rigor técnico: eliminar la duplicidad de funciones, reducir el gasto improductivo, pero también crear las plazas necesarias para garantizar cobertura real y sostenible en salud. Reducir personal sanitario en un país con hospitales colapsados, turnos desbordados y servicios desatendidos es, sencillamente, una irresponsabilidad.
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Ecuador necesita una reforma sanitaria integral. (O)
Galo Guillermo Farfán Cano, médico y máster en VIH, Guayaquil
