Acaba de ser aprobada la Ley Orgánica de Educación Financiera. Más allá de ser un nuevo texto legal, busca generar un marco jurídico para que la educación financiera sea parte fundamental no solo de la enseñanza, sino también de la práctica diaria de los ecuatorianos, pues es conocido que el ciudadano tiene altos niveles de endeudamiento a través del uso de tarjetas de crédito (en algunos casos llegan a tener hasta cinco o seis tarjetas), con niveles importantes de sobreendeudamiento derivado de no tener las bases pertinentes para usar racionalmente el dinero y el crédito y más bien pensar, en algunos casos, que contar con una tarjeta de crédito es cumplir con la finalidad de gastarse el cupo porque tiene un “cheque en blanco”, olvidando las importantes responsabilidades y deberes que tiene contar con una de ellas. Hay que tener presente que no solo atañe al ciudadano, sino también a la misma banca, pues en muchas ocasiones no observa que a quien le ofrece un producto financiero ya no tiene las capacidades para cumplir con sus acreencias presentes y peor aún las futuras, llevando a la persona a una espiral de deuda tras deuda, cubriendo las deudas antiguas con deudas nuevas, sin solucionar el problema de raíz y solo trasladándolo en el tiempo, generando situaciones socioemocionales complejas que llevan a la depresión, deterioro de la salud, insomnio, incluso ruptura familiar, entre otras.

Ahora bien, el hecho de que exista ahora esta ley no quiere decir que el problema ya se arregla, pero sí sienta las bases para que los ciudadanos sean capaces de administrar mejor su dinero (incluso en situaciones volátiles, como una pandemia), fomentar el ahorro y la inversión, evitar el sobreendeudamiento y, en especial, nos lleve a tomar decisiones responsables. Para ello, tienen que hilarse a través de todo el sistema educativo en sus diferentes niveles (desde el inicial hasta la educación superior) contenidos transversales que ayuden a que las personas entiendan la dimensión (acorde a su edad y etapa formativa) de lo que conllevan las finanzas personales, el uso responsable del crédito, sepa prevenir fraudes y estafas que cada vez abundan más en función de los ciberdelitos, el uso seguro de plataformas digitales y diversas apps financieras, la protección de sus datos personales y cualquier otro riesgo inherente al uso inadecuado de la tecnología, etc. En todo caso, esperemos que esta estrategia nacional de educación financiera esté pertinentemente coordinada entre los distintos actores educativos y el sistema financiero para que ayude a una mayor inclusión de grupos vulnerables, adultos mayores y demás grupos en función de una promoción de la cultura financiera en toda la población y no solo los estudiantes. Cambios de estas características no se verán inmediatamente. Probablemente en al menos una generación podremos ver los resultados. Pero, si no sembramos ahora, ¿cuándo cosecharemos? (O)

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Jorge Calderón Salazar, académico y analista económico, Guayaquil