En Ecuador, cumplir una pena privativa de libertad se ha convertido, para muchos, en enfrentar una segunda condena no escrita: morir de tuberculosis dentro de los centros penitenciarios. Esta realidad, silenciosa y normalizada, revela una grave falla del Estado y una preocupante indiferencia social.
La tuberculosis, enfermedad prevenible y tratable, avanza en las cárceles debido al hacinamiento, la falta de diagnóstico oportuno y la escasez de medicación. Las condiciones son tan críticas que la muerte deja de ser un accidente para convertirse en un riesgo permanente. Es una pena de muerte de facto que ningún juez ha dictado, pero que el sistema permite.
Es necesario recordar que una persona privada de libertad no deja de ser ciudadano. La Constitución garantiza su derecho a la vida, a la salud y a la integridad. El Estado, al encarcelar a alguien, asume la responsabilidad total de su bienestar. No puede desentenderse. Lo más alarmante es que la sociedad parece aceptar esta tragedia como inevitable. Confundir justicia con venganza deshumaniza. Ningún delito justifica la muerte por abandono médico. La rehabilitación no es posible en condiciones que destruyen la vida.
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El país necesita acciones urgentes: tamizaje médico real, acceso a tratamiento, programas de prevención y una intervención estatal seria. Mientras la tuberculosis siga cobrándose vidas en prisión, estaremos fallando como Estado y como sociedad.
La dignidad no termina tras los barrotes. Exigir atención médica en las cárceles no es defender delitos: es defender la humanidad. (O)
Víctor León Tenorio, Guayaquil
