En medio de un contexto de incertidumbre económica global y restricciones fiscales internas, Ecuador enfrenta un desafío ineludible: cómo dinamizar su economía sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Por ello, una propuesta audaz y técnicamente sólida ha comenzado a abrirse paso: una política fiscal contracíclica con enfoque estratégico en inversión pública.
Este enfoque, basado en la reasignación progresiva del 1,5 % del PIB desde el gasto corriente hacia sectores de alta rentabilidad económica y social, no implica más gasto público, sino una mejor calidad del mismo. Infraestructura digital, logística verde y empleos resilientes se convierten en los nuevos pilares del crecimiento sostenible. Una hoja de ruta clara propone implementar esta transición entre 2025 y 2028, respaldada por auditorías del gasto, reformas legales y alianzas público-privadas.
La novedad de esta propuesta radica en su pragmatismo. No se trata de promesas infladas ni de recetas de ajuste que ya han demostrado sus límites. Se trata, en cambio, de reasignar con inteligencia, guiados por un diagnóstico que identifica al gasto corriente como el principal obstáculo para una política fiscal activa, útil, progresista.
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Los números también respaldan esta visión: con un PIB estimado en $ 120.000 millones, la reasignación anual de $1.800 millones tendría impactos directos en conectividad, transporte sostenible y empleo verde. Todo esto con mecanismos de financiamiento ya disponibles: CAF, BID, bonos verdes y con respaldo técnico desde Cepal, el Banco Mundial y las propias entidades nacionales.
El momento es ahora. Ecuador no puede continuar aplazando decisiones que exigen valentía política y claridad técnica. Los grandes cambios no siempre empiezan con grandes revoluciones, sino con decisiones inteligentes y persistentes. (O)
Jorge Ortiz Merchán, máster en Economía y Políticas Públicas, Durán
