Frente a las falencias y crisis en algunos estamentos judiciales, fiscales y de la administración pública del país estamos observando una intervención directa de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas vía allanamientos en entidades de servicio público, donde se han reportado actos de corrupción con todas sus derivaciones, sean abusos, cobros excesivos, fraudulencias, enriquecimiento ilícito, etc. Debemos suponer que esos funcionarios que hacen intervenciones de control total de manejo de esas entidades que atienden al público tienen que poseer la capacidad y el conocimiento de la materia para determinar irregularidades y perjuicios. Sin embargo, estas intervenciones no deben solo cubrir esas instituciones, sino que deben apuntar también a hacer intervenciones, por ejemplo, en entidades privadas como clínicas y hospitales público-privadas, ya que muchísima gente ha evidenciado los altísimos costos que tienen que cancelar los usuarios enfermos o familiares que llevan a sus seres queridos que buscan atención médica urgente o tratamientos de salud. El ministro del Interior, el ministro de Defensa, Comandancia de Policía y profesionales peritos de salud del Ministerio de Salud deberían intervenir también esos establecimientos privados, por cuanto se registran planillas por enfermedad o de atención médica muchas veces exorbitantes. (O)
Édgar Saldaña, Guayaquil
