Si recordamos de estos últimos años, el 2019 y 2022, con lo que va del 2025, se dieron hechos que han convulsionado al país, bajo el mando de protesta social y con derecho a la resistencia. Los reclamos pueden ser justos y apegados a la legalidad, pero la violencia contra cualquier ciudadano siempre será rechazada. No se puede justificar bajo estos conceptos el reclamo por la eliminación del subsidio al diésel o la subida del impuesto del 12 % al 15 % del IVA. No se justifica que los líderes indígenas de la Conaie, con legítimas aspiraciones no atendidas por el Estado, hayan transformado el reclamo en ataques violentos, con atentados contra la libre movilidad vial y de las personas, imponiendo fuerza, para suspender la producción general, el comercio, la salida de productos básicos, del campo, lo cual afecta a todos, incluido a ellos mismos. Lo que tampoco se puede tolerar, asimismo, es la violencia organizada, camuflada por algunos políticos corruptos, que han terminado con el uso de explosivos caseros para infundir terror colectivo y alterar el orden público, delitos que se encasillan en la figura de terrorismo. Por razones como esta, el presidente ha declarado el estado de emergencia en más de diez provincias.
Asimismo, se suman los daños al sector público y privado, pérdidas económicas, 3 muertos, militares secuestrados, ciudadanos heridos, ataque a la caravana presidencial, todo causando pérdidas millonarias, con una violencia desbordada, corriendo peligro la democracia real.
Es hora de trabajar en conjunto. Los daños están hechos. La recuperación demorará tiempo y costará mucho dinero.
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Esta política, corrupta, pone en jaque, no solo a la gobernabilidad sino a la convivencia democrática.
Hay que escuchar, acordar, tener corresponsabilidad, paz, reconstrucción, que son algunos de los términos que se plantean para rescatar y enfrentar la complejidad de una crisis que no se resolverá desde la imposición, ni con palos, balas o piedras, sino que debe tener el monopolio de la verdad. Es hora de exigir reparaciones, identificar a los responsables de los daños y que lo paguen.
Hay esperanza de volver al camino que conduzca al progreso, sin cuentos, que oculten el terrorismo económico, en una mal llamada protesta. (O)
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Robespierre Rivas Ronquillo, periodista, Guayaquil.

















