Por lo que sucedió del lunes 27 al jueves 30 de marzo de 2023, la ciudadanía sufrió un encadenamiento de sobresaltos al enterarnos de asesinatos: a dos miembros policiales en fechas distintas, en el sur de Guayaquil; a la directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado del IESS, acribillada a balas dentro de su vehículo, lo que conllevó a una renuncia masiva de miembros del directorio de dicho ente por el impactante, vil y cobarde crimen; al gerente de hospital público Delfina Torres, de Esmeraldas; a un policía antinarcóticos, afuera de la Fiscalía de Santo Domingo de los Tsáchilas... Todos, bajo la modalidad de sicariato.
Sin que quepa la menor duda, nuestra sociedad ya convive dentro de un Estado débil o semifallido sujeto al crimen organizado que implica a la delincuencia común, narcopolítica y corrupción; secuela de la capacidad dúctil del gobierno de turno, a falta de un efectivo control en todo el territorio nacional, a saber, con unos sistemas judicial y carcelario seriamente cuestionados, más las gravísimas limitantes de una fuerza policial; nos acercan a ser como Venezuela o Haití. Máxime que dentro del Informe Global Mundial 2021 Contra el Crimen Organizado Transnacional GI-TOC, Ecuador se halla entre los 9 países del mundo con índices de alta criminalidad; sin desatendernos del delito cibernético, que según el inventario o Informe Global 2020 sobre Manipulación de Redes Sociales del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, resalta al país en el uso de la “desinformación, difamación y réplicas de falsos contenidos”; libertinaje que nos confina como zombis digitales, sembrando la división y polarización entre cada uno de nosotros. El artículo 158 de la Constitución de la República es imperativo al disponer: “Las Fuerzas Armadas (…) son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos (…), tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial…” . Por lo cual pregunto: ¿Qué espera el presidente Lasso, en su condición de comandante en jefe de las fuerzas militares y policiales, para acatar dicha orden suprema disponiendo –de ipso facto e infinitum– que dichas fuerzas en conjunto salgan a defender los derechos y las garantías ciudadanos, combatiendo (en observancia de la terapia intensiva) la violencia criminal que va en incremento? (O)
Víctor Miguel Orellana León, abogado, Guayaquil
