Vivo en una ciudadela cerrada en vía a la costa desde hace aproximadamente siete años, pero no la habitaba por temas laborales que me hicieron mudarme a otra ciudad. A mi regreso comienzo a participar y empaparme de la administración de mi etapa y me encuentro con que existe una asociación de propietarios debidamente registrada en el Miduvi desde el 2019, con un directorio vigente hasta el 2021. Con una nómina de socios de 26 propietarios de un total de 122. Después de esa fecha no hubo ningún evento de actualización ante el Miduvi. Sin embargo, el directorio siguió en funciones, y en junio del 2022 el presidente deja su cargo y sube el vicepresidente. En esta fecha, se realiza una obra de alrededor de 33.000 dólares, aún habiéndose desarrollado una asamblea para socializar el tema y definirlo, en donde se trató un valor aprobado de 9.000 dólares para dicha obra. Todo se ha dado así y al querer obtener ayuda en el Miduvi para control o sanción, estos indicaron que nos arreglemos puertas adentro. En la Defensoría del Pueblo en mediación de la Judicatura ninguna ayuda o medio de gestión sucedió. Hoy son muchos los que habitan en ciudadelas de este tipo, en ciudadelas donde existen 700 viviendas cancelando alrededor de 30 dólares o como en la que resido 122 viviendas cancelando 100 dólares en promedio. Esto se ha convertido en un negocio para algunos, pero un dolor de cabeza para el propietario, generando rebeldía en los pagos y posterior problema en el mantenimiento de las áreas comunes. (O)

Wendy Lourdes Freire Andrade, Guayaquil