En el sistema de salud público del Ecuador existe una contradicción que se arrastra por décadas: mientras se reconoce en el discurso que médicos, enfermeras y técnicos son la columna vertebral del servicio, en la práctica se vulneran sus derechos laborales. El ejemplo más claro es el incumplimiento del pago de horas extras, recargos nocturnos y jornadas extraordinarias, beneficios reconocidos en la Constitución, la Ley de Carrera Sanitaria y el Código del Trabajo, pero negados sistemáticamente desde las direcciones hospitalarias. Se obliga al personal a cubrir hasta 160 horas mensuales en turnos rotativos, con guardias de 24 horas y horarios nocturnos, sin la debida compensación económica ni reconocimiento del desgaste físico y mental que estas condiciones implican.
La paradoja se profundiza porque el hospital, aun siendo un entorno de cuidado y desinfección, no deja de ser un espacio insalubre y riesgoso. El personal trabaja expuesto a agentes biológicos propios del microbioma hospitalario y a riesgos técnicos, como equipos de radiología portátiles que rara vez reciben mantenimiento para garantizar la contención de radiación. Estas condiciones no se reflejan en remuneraciones justas ni en medidas de protección efectivas. Así, quienes sostienen día a día la atención médica lo hacen en un escenario de precarización laboral que no solo vulnera derechos individuales, sino que también compromete la calidad de la atención para los pacientes.
Responsabilidad médica, límites administrativos y falencias estructurales
A este panorama se suma la presión social. Casos aislados, como el bochornoso episodio en el hospital Teodoro Maldonado con un grupo de internos, son usados para deslegitimar al conjunto del personal. Sin embargo, la gran mayoría de médicos y enfermeras dedica más tiempo al hospital que a su propia casa, asumiendo con sacrificio la sobrecarga asistencial sin contar con las condiciones básicas de dignidad laboral. Muchos, además, deben buscar un segundo empleo para compensar la falta de pagos que, en justicia, les corresponden.
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No se trata de pedir privilegios, sino de exigir el cumplimiento de lo que ya establece la ley. Reconocer el pago de horas extras, recargos nocturnos y jornadas prolongadas no es un favor, es un mandato constitucional y una condición esencial para garantizar que quienes sostienen el sistema sanitario puedan hacerlo con humanidad y calidad. (O)
Galo Guillermo Farfán Cano, médico, Guayaquil
