Dentro de poco, los ecuatorianos acudiremos nuevamente a las urnas. El próximo domingo 16 de noviembre estamos convocados a la consulta popular y referéndum. La principal pregunta dentro de este proceso es referente a si deseamos convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución de la República. De ganar el sí, estaremos dentro de los próximos 90 días, a partir de que se proclamen los resultados, asistiendo a votar por quiénes serán los representantes en tan importante momento histórico del país. Para ello, tendrán seis meses para elaborarla, luego de lo cual asistiremos nuevamente a votar por la aprobación de esa nueva constitución. Pero, más allá de todo este proceso, como ecuatorianos, ¿qué es lo que anhelamos que recoja una nueva carta magna? Sin duda, buscaremos ahí que se plasme el camino a seguir para las próximas décadas, y llegar así al país que queremos. Claro está que no se trata de una lista de buenos deseos que deben ser recogidos en el documento, sino más bien los principios rectores para la conducción del país.
Surge entonces la pregunta: ¿queremos mantener una constitución que ha marcado el lamentable destino de nuestro país, reflejado en la inseguridad, la falta de garantías a la inversión, la prevalencia de los derechos de los delincuentes y demás aspectos que contravienen el bienestar de la población? ¿O deseamos unas pautas adecuadas y pertinentes al momento histórico que atravesamos y que nos ubiquen por fin en la senda de progreso, bienestar y crecimiento? Es ahí que deben emerger los importantes pilares para la constitución, como son garantizar la propiedad privada, la libertad individual, la prosperidad, un real derecho al trabajo, la seguridad en todas sus formas para las personas de bien, entre otros aspectos; pero, especialmente que sea pragmática, que limite la presencia estatal y el hiperpresidencialismo existente (provocando una importante concentración de poderes en un mandatario), que desvanezca la complejidad institucional que genera burocracia y confusión en las competencias que ejercen las funciones del Estado; donde se evidencia también un Estado con demasiadas obligaciones sin mecanismos financieros sostenibles, que terminan afectando la estabilidad fiscal. Estas y otras falencias deben corregirse.
Necesitamos un Ecuador libre de las cadenas de la Constitución de Montecristi, elaborada en el 2008. Si queremos que el país cambie y encuentre su camino hacia una sociedad libre, próspera y tranquila, dejemos atrás todo aquello que nos ha traído hasta aquí. Nos encontramos ante un momento decisivo de la historia y esperemos que como ecuatorianos de bien reflejemos nuestro anhelo de un país mejor en apoyar la convocatoria de una constituyente. Cabe señalar que una nueva constitución deberá ir de la mano de acciones concretas de parte de todos los actores de la sociedad que la fortalezcan todos los días. El Ecuador se merece mejores días. (O)
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Jorge Calderón Salazar, analista y rector de Argos, Guayaquil
