Quise tocar este tema, por tantas inquietudes de mis colegas y alumnos. Creo que es un cambio de nomenclatura con grandes consecuencias.
El lenguaje del Estado, para mí, nunca es inocente; cada término define una política y una visión del mundo. Proponer el cambio de “Departamento de Defensa” (de EE. UU.) a “Departamento de Guerra” es mucho más que un ajuste semántico, es una declaración de intenciones que reconfigura la relación del Estado con sus ciudadanos y sus conflictos, especialmente ahora, con naciones fragmentadas por disputas mundiales.
A nivel psicológico, el impacto es inmediato. Un Departamento de Defensa evoca imágenes de protección y resguardo, su postura es reactiva. En contraste, un Departamento de Guerra creo que normaliza la agresión como herramienta principal del Estado. En la psique colectiva se instala la idea de un enemigo constante, permanente y cuando los principales conflictos son internos, se corre el riesgo de que ese enemigo llegue a ser el mismo ciudadano.
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Desde mi punto de vista sociológico y jurídico, esta transformación erosionará el contrato social. La población deja de ver a sus Fuerzas Armadas como un escudo protector, para percibirlas como una espada de Damocles suspendida sobre las cabezas. Esto fomentaría la polarización y el miedo, justificando que las disputas locales o internacionales sean tratadas como actos de insurgencia.
Desde una perspectiva estratégica y de seguridad nacional, el cambio es alarmante. La doctrina de “defensa” prioriza la diplomacia, la contención y el uso de la fuerza como último recurso. La doctrina de “guerra” valida la acción preventiva y la intervención militar directa como solución a problemas.
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En definitiva, pasar de defensa a la guerra es renunciar al rol del Estado como garante de la paz interna o externa, para asumirse como un actor beligerante dentro y fuera de sus propias fronteras. (O)
Mario Douglas Serrano, Quito
