La Contraloría General del Estado, de acuerdo al artículo 211 de la Carta Magna en la sección tercera, es el organismo técnico del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho público que dispongan de recursos públicos.
En consecuencia, desde el presidente y vicepresidente de la República, los integrantes de la Asamblea Nacional y de otras funciones y organismos del Estado, así como de los funcionarios públicos en general, deben por ley presentar -antes y después del desempeño de sus cargos- una declaración juramentada de sus bienes patrimoniales.
Nueva Asamblea, ¿viejas costumbres?
Lamentablemente, en todo Gobierno no siempre se ha emitido el pronunciamiento de la Contraloría, y muchos de quienes han desempeñado cargos públicos han salido del país sin emitir los informes pertinentes de las funciones desempeñadas y del buen uso de los recursos públicos.
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Felizmente, hoy que estamos por ser testigos de la asunción de un gobierno democrático, elegido con gran respaldo ciudadano, para un periodo de cuatro años, (2025 - 2029), la Contraloría General del Estado ha decidido auditar a los 137 asambleístas que formaron parte del organismo legislativo pasado, y ha exigido la presentación de la declaración juramentada de bienes patrimoniales a los nuevos 151 asambleístas.
Viacrucis: medidor, cédula y declaración notarial
Un diario digital ha informado que de los 151 nuevos asambleístas, existen algunos millonarios poseedores de bienes inmuebles y cuentas bancarias considerables; asimismo, otros que no tienen ni cuentas corrientes ni de ahorros por ser muy jóvenes, o los que no han podido superar las etapas difíciles de la economía familiar y personal, encontrándose endeudados.
Esperemos que los menos favorecidos de la diosa de la fortuna puedan superar su situación económica personal con las jugosas remuneraciones que recibirán por su intachable proceder como asambleístas, y no caigan en las tentaciones políticas de repudiable proceder de sus antecesores, sin conciencia política y doctrinaria, algunos de los cuales, por diversas causas, fueron juzgados por las leyes penales y cumplen sentencias condenatorias en cárceles del país. (O)
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Francisco Medina Manrique, periodista, Guayaquil
