Este diario informa sobre las más de 42.000 armas de fuego (sin saber su calibre, modelo, estado, número de serie, etc.) y las casi 500.000 municiones sobre las cuales el Gobierno quiere “consultar” al pueblo, si la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas las podrían utilizar.
Es obvio que todas esas armas y municiones tienen que haber sido utilizadas en crímenes, asaltos y en otros actos delictivos, hasta el mismo contrabando de armas y municiones.
Si esas armas, especialmente las que están comprometidas en un asesinato u homicidio, sería imposible que pasen a manos de los policías o militares, esas armas deben estar con su respectiva cadena de custodia y a órdenes de la Fiscalía General del Estado y de algún tribunal penal del país y estar ingresadas en los centros de acopio de evidencias del Sistema Especializado Integral de Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y no solo eso, ya deberían ser ingresadas al Sistema Integrado de Identificación Balístico, para sus respectivos cotejamientos, tanto de balas, vainas y armas de fuego y poderles luego vincular, con detenidos y sospechosos en un proceso legal.
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Ese trabajo de los peritos y agentes en Balística Forense es muy titánico, complejo y de alta tecnología, los laboratorios de criminalística cuentan con ese personal calificado e idóneo, que pueden hacerlo, pero se requiere urgente que el Gobierno dé su apoyo. Por eso mantengo que si de esos millones que se usarán para “consultar” cuestiones netamente administrativas y de coordinación entre funcionarios e instituciones, si por lo menos dos millones van destinados para la Policía Científica, tres para comprar nuevas armas de fuego, chalecos antibalas y vehículos blindados, y otros millones en equipamiento de Unidades de Inteligencia e Investigación. Usted señor presidente puede mantener en jaque a las personas que están a margen de la ley, garantizar una mejor seguridad ciudadana, combatir el crimen y delito con la Policía Científica y ayudar al sistema de justicia y que los delitos no queden en la impunidad. (O)
Freddy Javier Santos Ycaza, Guayaquil
