El reflejo del desorden, improvisación, populismo y anarquía jurídica por la que atraviesa el Ecuador en la última década y media son los mal denominados centros de rehabilitación social; cárceles donde la corrupción, el narcotráfico y el crimen se han convertido en ley y sus tentáculos han llegado a todos los niveles de los Gobiernos central y seccionales, subordinándoles a sus procedimientos y forma de vida.

La política social, criminal y penal están estrechamente relacionadas con la criminología, criminalística, sociología, trabajo social y antropología. La política social es la que administra los servicios sociales como salud, educación, vivienda y sistema de seguridad social, asegurando el bienestar de los ciudadanos y el bien público. En tanto, la política criminal consiste en aquellas estrategias, instrumentos y acciones que el Estado norma para controlar y prevenir delitos en cuanto a conductas criminales, estableciendo programas de prevención y acciones para conocer los fenómenos delictivos y atender orígenes y causas, con objeto de erradicar y controlar que se incrementen; corresponde al Estado asumir la responsabilidad de diseñar estrategias previniéndolos y reprimiéndolos, asegurando convivencia pacífica, tutelando los derechos de los ciudadanos, y los delincuentes. Para lo cual dispondrá levantar un censo poblacional real de las cárceles, estableciendo con veracidad las personas que están cumpliendo sentencia condenatoria y destinarlas a pabellones especiales según su peligrosidad; las personas detenidas sin sentencia condenatoria o fórmula de juicio gozarán de libertad controlada, previo estudio de cada caso. Corresponde a la Función Legislativa redactar, corregir y derogar las normas penales y penitenciarias incoherentes con la realidad fáctica social, especialmente el Código Orgánico Integral Penal que ha facilitado la rebaja de penas por procedimiento abreviado y la fuga de quienes cometieron hechos antijurídicos. (O)

Carlos Bustamante Salvador, abogado criminalístico, Quito