Nuestro invitado

Ciertos analistas y políticos ecuatorianos subestiman la importancia del riesgo país, mencionando que este índice simplemente mide la capacidad del Estado para pagar las deudas adquiridas con acreedores internacionales. En realidad, este indicador es un factor determinante en el costo financiero no solo para el sector público, sino también para el sector privado. Así, un bajo nivel de riesgo país le permite tanto al Estado como a las empresas tomar deuda a tasas de interés más competitivas.

Resulta que este índice determina la prima de riesgo que debe pagar un país por sus obligaciones externas. La tasa de interés que un país paga por la emisión de bonos soberanos se conforma de tres componentes: I) la tasa libre de riesgo del bono estadounidense a 10 años que se encuentra en 1,59 %; II) el riesgo país o prima de riesgo, que en el caso de Ecuador se ubica en 1153 puntos básicos equivalente a 11,53 %, y III) componentes financieros como comisiones. La suma de estos tres elementos determina que el Estado ecuatoriano tendría que pagar una tasa de interés de aproximadamente 13 % en caso de emitir nuevos bonos soberanos. Una tasa extremadamente alta que impide solucionar la actual crisis fiscal y estancamiento económico.

En las últimas semanas, el riesgo país de Ecuador ha aumentado considerablemente, pasando de 774 puntos básicos a inicios de enero a 1153 en la actualidad. Esta situación es preocupante considerando que este indicador para Colombia y Perú se ubica por debajo de 200 puntos básicos. Lamentablemente, se han presentado al menos dos factores que han provocado un aumento en el riesgo país de Ecuador. En primer lugar, la reducción del precio del barril de petróleo desde $63 durante los primeros días de enero a $52 en febrero. Esta disminución se debe principalmente a la propagación del coronavirus y una potencial reducción en la demanda de crudo por parte de China, principal consumidor de petróleo a nivel mundial. Adicionalmente, la demora en la aprobación de reformas fiscales que permitan fortalecer las finanzas públicas nacionales.

Desde Ecuador Libre proponemos implementar tres medidas lo más pronto posible, a fin de reducir el riesgo país: I) focalizar el subsidio a combustibles; II) facilitar al sector privado la importación de combustibles, y III) aprobar las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip). Es importante recordar que el subsidio a combustibles se caracteriza por ser injusto e ineficiente, ya que beneficia en una menor proporción a las personas con menores ingresos. Es una transferencia estatal onerosa que permite el contrabando y contribuye a la contaminación ambiental. Además, la importación de gasolinas y diésel no debería realizarla exclusivamente el sector público. El Estado destinó para esta actividad $41 827 millones entre 2007 y 2019. La participación del sector privado en dicha actividad le permitiría al Gobierno liberar cuantiosos recursos para sectores prioritarios, como salud, educación y seguridad. Finalmente, las reformas al Coplafip introducirían una serie de reglas fiscales que ordenarían las finanzas públicas en la próxima década y evitarían cometer los horrores del pasado. Para aplicar estas medidas, la institucionalidad debe ganarle la batalla al populismo económico. (O)