Reflexiones y propuestas

La administración de justicia en el país vive un momento especialmente delicado. Luego del proceso de deconstrucción sistemática al que fue sometida durante siete años, desde el Consejo de la Judicatura de transición, presidido por Paulo Rodríguez, hasta la cesación de aquel presidido por Gustavo Jalkh, su estado es poco menos que calamitoso y cuesta realmente pensar en algún segmento que esté funcionando adecuadamente. La tarea que enfrenta el actual Consejo transitorio es muy difícil y hay mucho por hacer.

Las preguntas de cajón son por dónde empezar, qué hacer y qué principios deben primar. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el estado actual de la justicia se debe a la horadación constante del principio de independencia judicial, a través, sobre todo, de un inconstitucional control de contenidos de los fallos y la imposición arbitraria de sanciones a jueces y fiscales. Cambiar este esquema no requiere modificación normativa alguna, sino simplemente una aplicación racional de las atribuciones del órgano administrativo, de gobierno, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. No tiene atribuciones jurisdiccionales, por lo tanto no puede dirigir su actividad de control a la corrección o incorrección de las decisiones judiciales. La imposición de sanciones a los jueces solo se justifica bajo criterios de excepcionalidad, de forma que no se vuelva a constituir el esquema de sometimiento que permitió al correísmo transformar a quienes debían impartir justicia en sus fieles sirvientes. Sentencias estúpidas como el cálculo del honor presidencial a base del presupuesto general del Estado, condenas por el acto de aplaudir, declaratoria de malicia de las denuncias que alertaban sobre la rampante corrupción han sido, entre otras perlas, los fallos con los que hemos debido lidiar en todos estos años. Lo triste es que los órganos que los produjeron no fueron los de primer nivel, sino en sede de Corte Nacional, peor aún, constatar que las joyitas de jueces que nos obsequiaron semejantes monumentos jurídicos continúan en funciones desparramando sabiduría.

La evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y cortes provinciales es no solo necesaria, sino urgente. En la sala de lo tributario, solo para poner un ejemplo, sería por demás interesante analizar en los últimos seis años, en qué porcentaje de casos se ha protegido al contribuyente de la arbitrariedad de la administración tributaria, cuál era el papel que jugaban funcionarios del Servicio de Rentas Internas que en comisión de servicios en la Corte Nacional, actuaban como “expertos para la elaboración de proyectos”, cuántas de las sentencias dictadas por dicha sala fueron producidas por dichos “expertos” y cuántas por los jueces, cuáles son las líneas jurisprudenciales que se han creado y qué tan adecuadas jurídicamente son estas.

Esta evaluación debe incluir una auditoría de trabajo, valoración cuantitativa y cualitativa de los fallos producidos y, sobre todo, una examinación de conocimientos jurídicos. Esto nos lleva sin duda a tratar otro de los temas importantes de la judicatura, me refiero a la formación académica de los operadores judiciales. Hasta hoy se han gastado ingentes cantidades de dinero en la formación continua de los jueces; sin embargo, de lo cual seguimos siendo considerados como uno de los sistemas judiciales de menor nivel de la región, y aspectos como la jurisprudencia interamericana de derechos humanos son considerados casi como esotéricos, por nuestros administradores de justicia.

La falta de líneas jurisprudenciales y resoluciones plenarias o la emisión de algunas que son simplemente de risa, como aquella que establece la acumulación de penas para el caso de microtráfico con múltiples sustancias prohibidas, hace que en cada región y provincia los conceptos se manipulen a gusto y voluntad de cada juzgador. Esto añadido a modelos procesales inadecuados que tienen colapsado al sistema judicial. Se advirtió en su oportunidad a Jalkh que en el caso del Cogep, por ejemplo, la infraestructura de la administración de justicia ecuatoriana no se encontraba lista para su implementación. No había suficientes salas tecnificadas, ni jueces y los que estaban en funciones no habían sido suficientemente preparados en un tema totalmente nuevo para la mayoría. Desoyendo todo consejo decidieron implementarlo y hoy por hoy es motivo de queja de la mayoría de usuarios del sistema. Si a esto añadimos un sistema informático defectuoso y obsoleto, como el famoso Satje, tenemos un buen panorama de lo que pasa en nuestra justicia. Vale recordar que el Consejo de la Judicatura anterior pagó algunas decenas de millones por un nuevo sistema denominado “Justicia 2.0”, el cual increíblemente no ha sido implementado hasta ahora, pese a haber sido entregado hace varios años. Si el sistema no sirve, que se demande al proveedor y si es una herramienta idónea, que se lo ponga a funcionar.

En fin, el reto del Consejo transitorio es enorme y de cómo lo enfrenten, dependerá el futuro de nuestra justicia. (O)

La imposición de sanciones a los jueces solo se justifica bajo criterios de excepcionalidad, de forma que no se vuelva a constituir el esquema de sometimiento que permitió al correísmo transformar a quienes debían impartir justicia en sus fieles sirvientes.