Estando en época de matriculaciones en escuelas y colegios, se escuchan reclamos de padres que no pueden matricular a sus hijos en ciertas instituciones particulares, privadas, debido a sus faltas de pagos de las mensualidades del año escolar precedente, o a deudas por otro hijo ya graduado, que abarcan todo un año escolar.

No faltan los reclamos de “discriminación” y de “violación a los derechos”, que presuntamente sufren estudiantes, en estos casos. Ciertos padres de familia se fundamentan en que la Constitución garantiza el acceso a la educación, lo cual es una verdad irrefutable, ¿pero realmente es inconstitucional, como alegan ciertos padres, negar una matrícula por deudas? El derecho a la educación es garantizado en nuestra Constitución, pero para ser precisos el artículo 348 detalla que es la educación pública la que será gratuita, y es el Estado quien la financiará de manera oportuna, excluyendo a las instituciones particulares o privadas. Debe recordarse también que la Constitución garantiza el derecho a desarrollar actividades económicas, en su artículo 66 numeral 15, actividades en las que se encuentra el servicio de la educación privada. La pregunta que debe hacerse el ciudadano a conciencia es ¿cómo se sustenta un colegio particular?, ¿de dónde salen los fondos para el justo salario de docentes y personal, si los clientes de la institución no cubren sus obligaciones económicas con el colegio? No es discriminatorio velar por el justo cumplimiento que tiene una institución educativa para con sus docentes y el resto del alumnado, pues el dinero de las pensiones que deben ser pagadas por los alumnos sustenta el funcionamiento de la entidad. El derecho al acceso a la educación no es violentado cuando una institución privada niega matrícula, porque la tienen con deudas. Existe la opción de asistir a instituciones (escuelas, planteles) públicas. Si bien es comprensible la angustia de padres, sus reclamos deben ser dirigidos a quien realmente debe encargarse de brindar una educación de calidad y accesible, que es el Estado, y no el colegio particular que debe invertir en educación, de tal manera que las instituciones públicas compitan en calidad con las privadas, y que los padres hasta puedan preferir inscribir a sus hijos en instituciones públicas y no privadas. Siempre ha sido responsabilidad del Estado crear fuentes de trabajo para que las personas vivan dignamente. La falta de empleo impide la estabilidad económica; se evidencia cuando una persona no puede cumplir sus obligaciones. Debemos hacer conciencia y exigir al Estado que mejore la educación pública gratuita, provea de trabajo para tener solvencia económica.(O)

Carlos Enrique Vallarino Herrera, abogado; Salinas, Santa Elena