El pasado 2 de enero, 3.790 nuevos profesionales iniciaron su año obligatorio de prestación de servicios de salud en parroquias rurales o urbano-marginales del país, según prescribe el artículo 197 de la Ley Orgánica de Salud. Ese año de práctica atañe a los graduados en Medicina, Odontología, Enfermería y Obstetricia de todas las universidades del país, y constituye un requisito para la habilitación del ejercicio profesional y el registro sanitario correspondiente. La asignación de plazas se categoriza atendiendo: 1) el promedio de notas obtenido durante la carrera, 2) alguna discapacidad del postulante, 3) embarazo de la postulante, 4) cargas familiares (menores de 5 años), 5) matrimonio o unión de hecho, 6) mujeres solteras, y 7) hombres solteros. Quienes eligen primero tienen más opciones de plazas para obtener la de su preferencia.

Desde el punto de vista de la salud pública, el año de medicina rural es una manera de brindar servicios de atención primaria en los lugares del país donde existiere una unidad de salud, beneficiando así a una gran mayoría de la población que, por encontrarse lejos de cabeceras cantonales, no puede acceder oportunamente a dichos servicios básicos. Incluye medicina primaria y preventiva, plan de vacunaciones en la población pediátrica, atención prenatal y perinatal de madre e hijos, así como la oportuna derivación de casos específicos que requirieren atención hospitalaria. Habremos de concordar en que la atención a la salud es un derecho fundamental al que todos debemos tener acceso con equidad.

Para los profesionales, el año de medicina rural es una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos y para tomar conciencia de la realidad sanitaria de la población, así como para conocer la vida diaria de una familia de las áreas rurales y urbano-marginales. Habrá que adaptarse a cambios de estilo de vida e integrarse de manera adecuada con la población, asegurando así una sana convivencia por 12 meses.

Por muchos años se ha discutido sobre la obligatoriedad del año de salud rural. Hay quienes piensan que el beneficio que obtiene la comunidad y la oportunidad de practicar la profesión son suficientes para justificar la obligatoriedad. Otros, en cambio, opinan que es un año de sinsabores desde el punto de vista académico y científico. El trabajo comunitario y la burocracia administrativa acaparan el día a día, y poco o nada de tiempo queda para leer y mantenerse actualizado. En medicina, el hábito de leer diariamente es un camino para asegurar que nuestros conocimientos estén al día. No obstante, el ejercicio de la medicina en el ámbito rural poco o nada tiene que ver con los conocimientos de tratamientos aprendidos en la universidad. La atención de salud es básica y está limitada por los recursos que la unidad médica posee. Hay gran cantidad de médicos desempleados y subempleados, así como interesados en salud pública o epidemiología, que probablemente trabajarían mejor y con mayor entusiasmo en dichas zonas.

Quizás esas razones expliquen en algo el comportamiento –no aceptable, por cierto– de jóvenes que se unen de hecho para alcanzar una categoría ventajosa en el sorteo. Una suerte de “viveza criolla” que no honra a sus protagonistas. (O)