La violencia cotidiana que enfrentamos las mujeres, instalada en todos los ámbitos de la vida –públicos y privados- y basada en un componente estructural de desigualdad de género, implica según cifras oficiales que 6 de cada 10 mujeres sufran violencia machista, del tipo físico, sexual, psicológico o patrimonial. De ellas, el 76% son violentadas por su pareja o ex pareja y en la mayoría de los casos dentro de casa, es decir en el ámbito privado.

La “violencia doméstica” concebida como un problema de tipo “personal o de pareja” pretende esconder la tortura que padecen las mujeres en la intimidad familiar, negándole injerencia a la justicia y a la sociedad. Sin embargo, la lucha incesante que durante décadas han embanderado las organizaciones de mujeres en distintas latitudes, ha permitido entender a la violencia de género como un asunto de interés público, no íntimo, ni privado.

Dado el poder que le confiere su cargo de director de Diario El Telégrafo, Orlando Pérez, acusado de agredir a una mujer, convocó esta semana a una rueda de prensa para entregar su versión. En su errante defensa no niega las acusaciones en su contra, pero enfatiza en ubicar simbólicamente a la víctima como responsable del hecho. Comienza descalificando sutilmente la reputación de quien lo acusa, definiendo a la relación que mantenían como “encuentros casuales” sobre los cuales prefiere no entrar en detalles "por respeto a su intimidad y a su familia" porque como dicen por ahí los caballeros no tienen memoria.

Pérez pide a los medios “la máxima ética profesional”; recalca que “esto es un asunto de orden privado y así será tratado en adelante”; se victimiza diciendo que “han querido agredir mi imagen y mi trabajo, mi responsabilidad pública por defender unas ideas” e insiste “quiero que la manipulación mediática pare aquí”.

La Constitución reconoce y garantiza a las personas el derecho a “una vida libre de violencia en el ámbito público y privado” (Art. 66. Literal b, numeral 3) y la verdad de un caso de violencia de género jamás puede limitarse a un asunto entre “privados”, por el contrario, debe ser una apuesta ética y política de los medios de comunicación, del Estado y de la sociedad en su conjunto esclarecer las lógicas de violencia contra las mujeres, prevenirlas y sancionarlas hasta erradicarlas, sin importar el cargo del victimario.

Llamar las cosas por su nombre es vital para una sociedad que intenta desnaturalizar la desigualdad de género. Los insultos, humillaciones y amenazas, no son “frases fuertes” como llama Pérez a sus expresiones, son violencia psicológica.

Pérez pide ética profesional, sin poner su cargo a disposición para liberar al medio público de la presión social, que implica que el acusado de agresión sea el mismo que dirige su línea editorial y por su parte El Telégrafo tampoco da muestras de transparencia e imparcialidad, cesándole de sus funciones hasta que la justicia resuelva. Habla de manipulación mediática para silenciar actos abominables, sin embargo su cargo no lo vuelve intocable, por el contrario le exige mayor transparencia.

Pretender que los medios de comunicación son responsables de “politizar” los hechos si no los interpretan conforme a su versión, es demasiada desvergüenza. La declaración de Pérez está cargada de incoherencias y misoginia. Finalmente, será la justicia la encargada de verificar la denuncia contra Pérez y aplicar las sanciones pertinentes. Por nuestra parte, como ciudadanas y ciudadanos, rechazamos la violencia machista y seguiremos denunciándola a viva voz, porque no queremos otro caso de impunidad propiciada desde el poder.