En el convulso clima político que prima en el país, tan propio de la lucha por el poder y sus protagonistas, asoma otra nube gris en el firmamento: el enfrentamiento del presidente de la República con algunos sectores militares, lo que tiene, a mi juicio, dos connotaciones, una personal y otra institucional.

La personal se relaciona con el respeto, ese valor que en la última década hemos visto adolecer tanto desde las esferas de la Función Ejecutiva y desde el llano también. Ciertamente que el actual jefe de Estado no ha inaugurado la injuria de Carondelet, ya que otros, de reciente historia, recurrieron también a ella. Pero ahora hay dos variantes, el poder de algunos de sus enemigos y la sistemática hostilización a sus detractores que aquel ejerce, restando espacio democrático para la crítica. Es igualmente verdadero que el mismo sujeto político ha procurado, desde su populista tribuna, llegar más a la ciudadanía y al hacerlo se ha expuesto a la insolencia; mas su respuesta ha sido usar la justicia como arma de represalia. Así, ningún ejemplo edificante recibe la sociedad, en particular los niños y los jóvenes. No obstante, tampoco de la otra orilla hay tal ejemplo, que ha llegado a desear –si pudieran, los más rabiosos fueran más allá– la muerte del mandatario, lo que nos recuerda el musgo del odio del que relataba Pablo Neruda que estaba escrito en las paredes de Chile, llamando a la degollina en el gobierno de Allende, que llegó con Pinochet y su banda o el “Viva el cáncer”, escrito en las paredes de Argentina cuando Eva Perón agonizaba. Odio que aquí prolifera en las redes sociales.

Así pues, el derecho a la honra de tirios y troyanos es estrujado por sus rivales. Nuestra Constitución e instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagran tal derecho y el del reconocimiento de la propia dignidad, estableciendo que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidad ulterior, que debiendo estar fijada en la ley, asegure el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los funcionarios públicos, en una sociedad democrática, están más expuestos al escrutinio y la crítica del público.

En el lamentable episodio suscitado entre el presidente Correa y un oficial de la Armada, aquel lo inició con un mensaje de correo electrónico dirigido a los soldados, no limitándose a explicar sus posiciones sobre los temas en discusión, sino aludiendo a aspectos conflictivos que dieron lugar a la avilantez del oficial, quien llamó mentiroso a la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, agregando que está en entredicho su respeto moral a él, cuestionando sus actuaciones frente a la institución. Frente a la objetable decisión del Consejo de Disciplina Militar, el presidente inicuamente llama “vende patrias” a varios uniformados y propone una Acción de Protección, que algunos han reprochado, porque esta garantía jurisdiccional, como las demás, fueron creadas para amparar a los ciudadanos frente al poder. Mas, el poder puede estar fragmentado y no sólo ser el político, sino también el militar, que en efecto lo es, de modo que por ello queda legitimado el accionante. La Función Judicial tiene que dirimir en el conflicto y entonces surge un elemento distorsionador, porque se espera que ésta, para garantizar imparcialidad, debe ser independiente, como exige la Constitución. Y ya sabemos que no lo es realmente.

Por otro lado, analizando el rol de las Fuerzas Armadas, destacamos algunos preceptos de la Carta Magna de 2008. La institución debe proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, lo que es importante considerando que en las dictaduras militares hicieron lo contrario y aún en los regímenes constitucionales, erigiéndose en árbitros de las contiendas políticas de los civiles. La Constitución de 1998 contemplaba que eran garantes del ordenamiento jurídico del Estado. Sin embargo, los jefes militares siguen alineados en la vieja doctrina de la seguridad nacional. Así, en noviembre de 2015, el alto mando tuvo la osadía de respaldar a los militares acusados de delitos de lesa humanidad, con el pretexto de que combatieron la subversión e inclusive asistieron, uniformados, a la audiencia de juzgamiento. Se concedió el derecho al voto a los miembros de la institución, incorporándolos a la democracia, por lo menos en el papel. Se acabó con el fuero militar que consagraba impunidades para el juzgamiento de los delitos cometidos dentro de su misión. Se ratificó la prohibición de 1998 de que las Fuerzas Armadas participen en actividades económicas no relacionadas con la defensa nacional, lo que recién se empezó a cumplir el año 2009. Terminar prebendas siempre genera reacciones.

La guardia pretoriana en la Roma antigua, por soborno o por su voluntad, ponía, removía y asesinaba emperadores. ¿Sigue vivo el pretorianismo que vivió la república los siglos XIX y XX y en los albores del XXI, ya más debilitado? (O)