Se habría perdido la posibilidad de que la OEA contribuyera, por ahora, a la solución de la crisis en Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización se limitó a instar un “diálogo abierto” entre Maduro y la Asamblea Nacional, envueltos en una grave pugna institucional. Un diálogo improbable en medio de evidencias graves de la ruptura democrática y los ánimos reiterados del gobierno de Maduro de retardar un referéndum revocatorio que le sería adverso. Su voluntad aflora en la declaración de los 34 países miembros de la OEA que excluyó la exhortación a realizar el referéndum que forzaría a Maduro a entregar el poder.

Pero la resolución entraña derrota para el mismo Maduro y aliados de Nicaragua, Dominica, Ecuador y Bolivia, que acusaban de invalidez al informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien invocando la Carta Democrática para los casos de alteración o ruptura del orden democrático pidió analizar la situación de la crisis venezolana. También implica revés para los presidentes de dichos estados que pretendieron, sin éxito, trasladar la mediación de la crisis a la Unasur y aprobar un proyecto de resolución de Maduro.

La resolución del Consejo Permanente también dejó sin piso el discurso de Maduro y sus adláteres: una supuesta política injerencista y estrategia para provocar la intervención de Estados Unidos en los asuntos políticos venezolanos. Digo esto, pues la invitación al diálogo fue precisamente apoyada por el “imperio”, que dicho sea de paso no deja de ser inconveniente para el desarrollo de la institucionalidad democrática venezolana, pues dicho Consejo lo que debió fue sugerir el referéndum.

La situación resume una turbia mezcla de éxitos y derrotas ideológicas y de intereses coyunturales de estados (gobiernos) “dueños de la OEA”.

Estimo que la resolución del Consejo Permanente debe tomarse como proveniente únicamente de los representantes de los poderes ejecutivos de los miembros de la OEA, no de toda su institucionalidad. Esto, porque el secretario general de la OEA pidió que el organismo escuchara las quejas contra Maduro del representante del Parlamento venezolano. Entonces, el pedido envuelve la novedosa y sensata interpretación de la Carta Democrática, para casos en los que es el propio Ejecutivo quien altera o provoca la ruptura del orden democrático.

Coincido con quienes afirman que la carta de Almagro constituye un hito histórico para las Américas, pues permite evaluar las crisis en los estados con gobernantes que no obstante haber sido elegidos en votación, luego se tornan autoritarios. En esta ocasión pidió la evaluación otro poder público –la Asamblea Legislativa–, para defenderse de los autoritarismos de Maduro.

No hay vencedores ni beneficiarios absolutos con la Resolución del Consejo Permanente. Incluidos el presidente Macri y su canciller, que aspiraría a la Secretaría General de la ONU, así como otros gobernantes de por acá, reflejados en el espejo de Maduro.

Ojalá no se agraven las circunstancias de un estado fallido que conducen a un estallido social. Más aún si Maduro escogió la estrategia de bloquear la gestión del Parlamento, con la ayuda del Tribunal Supremo de Justicia, de ilegítima composición, que tiene secuestrada la Constitución, según el expresidente de la CIDH Carlos Ayala Corao. Un Estado forajido. (O)