Roberto Carrión Game

Días atrás, se reseñaba que una prestigiosa organización social sin fines de lucro producirá 10.000 viviendas prefabricadas para proporcionar un techo “provisional” a las familias damnificadas del último terremoto, deduciendo, por tanto, que su valiosa contribución beneficiará al menos a 55.000 personas. Aclaraba que antes de ejecutar su plan de acción, acordarían con las autoridades locales y nacionales los sitios de ubicación de estas unidades para “fortalecer el tejido social de los sectores destruidos”. Estos planteamientos merecieron una edición en primera página de uno de los principales diarios del país y ningún análisis conceptual, en las múltiples páginas de opinión que se han dado en torno a los procesos de reconstrucción habitacional posterior al desastre natural del 16 de abril.

Loable y digno de destacarse, la solidaridad con las familias damnificadas. ¿Cómo se puede opinar y peor observar estas casi donaciones de casas, bajo la simple condicionante de coordinar la “ubicación provisional” de las mismas? Se corre el albur de ser calificada de indolencia, cualquier observación que desnude las debilidades técnico-conceptuales de estas propuestas, y de inoportunas en las circunstancias actuales, exteriorizar la no existencia de una política de reconstrucción habitacional posdesastres, que establezca las estrategias de operación que permitan analizar y observar entre otros aspectos, si estos planteamientos u otros que se vendrán, derivarán o traerán consigo efectos colaterales que puedan afectar el hábitat de las mismas poblaciones que se pretende beneficiar y del entorno urbano de las urbes intervenidas.

Causen o no conflictos de intereses, se debe establecer que este tipo de propuestas tienen que ser concebidas en un contexto integral de desarrollo, para definir y obtener las debidas conclusiones que adviertan los posibles efectos derivados de un accionar basado exclusivamente en una visión social, que definitivamente, no es suficiente para emprender procesos de reconstrucción habitacional. Es necesario conjugar previa y apropiadamente los ejes multidimensionales sociales-económicos y de desarrollo físico, que requieren los procesos eficientes de planificación urbana posdesastres naturales.

Lecciones aprendidas de procesos similares instrumentados en la región señalan que las viviendas concebidas y ejecutadas como temporales/provisionales se vuelven a lo largo del tiempo en “permanentes”, potencializando, de esta manera, unos riesgos sensibles para las comunidades, por las dificultades técnico-económicas que implica la dotación de servicios básicos en suelos ocupados por cualquier tipo de obstáculos. Es por esta razón que la utilización de carpas y otras alternativas similares, instaladas en sitios cercanos donde habitaban las familias afectadas, constituye una buena opción de “alojamiento provisional” ya que las mismas son de fácil desinstalación y permitirán, una vez desalojados los escombros de sus viviendas colapsadas, ejecutar en primera instancia las obras de ingeniería sanitaria y construcción de sus viviendas en las mismas zonas y terrenos donde vivían, posibilitando a las comunidades afectadas su retorno a su hábitat original, factor clave que debe respetar un proceso de reconstrucción habitacional posdesastre natural.

Hay que considerar, adicionalmente, que las amenazas sísmicas no son las únicas que perturban al sector habitacional, sino también otras, como las derivadas de los recurrentes fenómenos de El Niño que aquejan principalmente a las regiones costeras del país. Las altas pendientes de los terrenos, donde los suelos son deleznables y de débil conducción hidráulica, en los cuales generalmente son ubicadas las “casas provisionales” de los sectores informales, potencializan los efectos de las precipitaciones fluviales, originando inundaciones, deslizamientos y deslaves con graves consecuencias al medio ambiente de las poblaciones. Recordemos uno de los sucesos de este fenómeno en Guayaquil, –episodio 1997-1998– en el que una de las torrenciales lluvias que se dieron no solamente anegó los amplios sectores marginales –carentes en su mayoría de infraestructura sanitaria–, sino que “desenterró desechos fecales” que fueron conducidos por vertientes que circularon a través de las calles de algunas zonas de la ciudad.

La reconstrucción habitacional posterremoto constituye una buena oportunidad para no repetir prácticas de potencialización de vulnerabilidades urbanas. Es pertinente considerar la necesidad básica de instrumentar procedimientos de prevención y mitigación de impactos socioeconómicos, físicos y ambientales que producen los procesos mal o no planificados de los asentamientos humanos, cuyas consecuencias estremecen los espacios sociales y espaciales básicamente de las poblaciones de menores recursos. En estas instancias, es primordial proponer y ejecutar una serie de acciones dirigidas a garantizar la presencia de “ciudades de un buen vivir” que permitan contar con un hábitat de seguridad e integridad ciudadana.

Se conseguirá este gran objetivo promocionando una institucionalización de una política de reconstrucción habitacional posdesastres naturales, la misma que es fundamental en la definición de estrategias en una causa de largo plazo. En un primer paso, deberá asignar roles y responsabilidades que deben desempeñar todos los actores clave en este proceso: gobiernos locales, sector privado financiero y de la construcción, dando cabida especial a las comunidades afectadas. Al Estado le corresponderá esencialmente establecer los incentivos necesarios para posibilitar la participación eficiente de los mismos. Contando con la visión estratégica de todos estos actores, se podrán instrumentar operaciones de planificación y ejecución de proyectos eficientes y viables para la dotación de servicios básicos de infraestructura y de producción de unidades habitacionales, bajo una concepción integral que potencialice un desarrollo sostenido de sus poblaciones. (O)

Es necesario conjugar previa y apropiadamente los ejes multidimensionales sociales-económicos y de desarrollo físico, que requieren los procesos eficientes de planificación urbana posdesastres naturales.