Con la carreta delante de los bueyes. Así se ha caminado en el mes transcurrido desde el terremoto. Sin un análisis detenido de la magnitud de los daños, sin un balance de las responsabilidades que le corresponden a cada uno de los diversos sectores involucrados, sin considerar las condiciones específicas de la zona más afectada y las del país en su conjunto, se tomaron medidas de largo alcance. El desconcierto de los primeros días impidió diferenciar entre un plan de emergencia y un programa de mediano y largo plazo. El resultado final fue la aplicación de una cadena de medidas que aún no termina de armarse y que en otros tiempos habrían sido calificadas como paquetazo neoliberal.

Los expertos en el manejo de desastres aconsejan diseñar de inmediato un plan de rescate de las víctimas y el desarrollo de un conjunto de acciones que incluyan evacuación, seguridad, control sanitario, atención prioritaria a la población en riesgo, entre otras. En síntesis, hay un período en que todos los esfuerzos deben volcarse a atender los efectos inmediatos, con el objetivo central de salvar vidas. Lo económico es secundario en ese momento porque se supone que los gobiernos (tanto el nacional como los provinciales y municipales) cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios y con protocolos muy precisos para orientar las acciones de emergencia. Solamente una vez que se ha cumplido con esta fase es posible pasar a la evaluación económica de los daños y diseñar las medidas de largo plazo.

Pero, acá se comenzó al revés. Bastó una sola frase dicha al vuelo por el líder para establecer un monto –nada más y nada menos que tres mil millones de dólares– y, lo que es peor, para promulgar leyes que tienen efectos sobre el conjunto de la economía del país. No se esperó a contar con un balance de los daños en carreteras, puentes, represas, infraestructura de salud y de educación, que es lo que le corresponde al Gobierno nacional. ¿Llegará a doscientos millones, a trescientos, a quinientos? El propio líder ha minimizado los daños en las carreteras cuando ha dicho que gracias a estas pudo evacuar la población. Por tanto se puede esperar que, por lo menos en ese rubro, el costo de la reparación no alcance el nivel calculado al ojo. Tampoco se sabe cuánto de ese monto podrá devengarse de los seguros, porque simple y llanamente no se conoce si todos los bienes estaban asegurados como mandan la ley y el sentido común.

La mayor parte de los costos en estos casos recae generalmente en los particulares, en las personas que perdieron sus viviendas y en general sus bienes. Los recursos para este fin no salen del presupuesto estatal, excepto pequeños montos que se entregan como subsidios o bajo la forma de obras de alcance social (como planes de vivienda). Para que puedan recuperar lo suyo se requieren políticas de reactivación, no recesivas como las aprobadas. Pero, se impusieron esos malos consejeros que son el desconcierto y los cálculos electorales.(O)