Los 821 presos solo representan 370.000 dólares. La población nacional de privados de libertad es de 25.000, que cuesta 130 millones de dólares, quizás es una estrategia de ahorro estatal frente a la crisis económica, aunque se pone en peligro la seguridad de los habitantes.

El señor presidente anuncia establecer brazaletes electrónicos a los privados de libertad por deuda de pensiones alimenticias, señalando que existen 182.000 demandas anuales por alimentos y que 821 padres se encuentran privados de libertad, lo cual le cuesta al Estado 450 dólares por los 30 días de prisión, o 60 por reincidencia.

Los presos con el brazalete electrónico cumplirían sus actividades diarias y por la noche irían a dormir a los centros de detención, o también el Estado pagaría las pensiones y el moroso las descontaría con trabajo. Considero absurda la propuesta porque si son 182.000 juicios de alimentos y los privados de libertad 821, ellos no representan ni siquiera la mitad del uno por ciento.

No se puede desamparar al niño o adolescente, ellos pertenecen al sector más vulnerable de la población y para garantizar su interés superior y desarrollo integral, como una medida prioritaria para garantizar su manutención se pena con la privación de libertad a los padres irresponsables. No es el objetivo poner en libertad a los deudores de pensiones alimenticias, existen otras motivaciones. Ya la ministra de Justicia anuncia que el brazalete electrónico es una alternativa para todas las personas procesadas o sentenciadas por un delito.

Tienen proyectado imponer 6.000 brazaletes en una primera fase. Las personas procesadas por narcotráfico, los acusados por delitos contra la vida, contra la propiedad y por peculado; con el brazalete electrónico podrían volver a las calles poniendo en peligro la integridad personal de la ciudadanía. El defensor Público General afirma que el brazalete electrónico descongestionaría las cárceles. Ya la Constitución y el Código Integral Penal establecen medidas sustitutivas a la privación de la libertad.(O)

Franklin B. Moreno Quezada, doctor en Jurisprudencia, Guayaquil