En pleno apogeo de la temporada playera, el uso desordenado de los espacios de playa y zonas de bañistas merece nuestra atención. Desde una perspectiva legal, las playas son espacios de uso público, es decir que su uso pertenece a todos los habitantes del país. Desde una perspectiva social, las playas en su condición de espacio público pueden fomentar el encuentro, la interacción y la cohesión social, y como tal son lugares en donde se evidencia lo heterogéneo y lo diverso de una sociedad.
Sin embargo, nuestro derecho al uso público de la playa se ve disminuido cuando hay parasoles y carpas para alquilar instalados desde tempranas horas de la mañana en cada metro de playa disponible, cuando es inseguro bañarse porque hay un peligro real de que alguna banana o moto acuática nos atropelle incluso dentro de la zona de bañistas, cuando es difícil relajarse debido al alto volumen de la música de la familia de junto, cuando hay que moverse a otro lado porque nos pueden dar un pelotazo, cuando los visitantes dificultamos el trabajo de los pescadores que también tienen derecho al uso de la playa y al trabajo digno, cuando nuestro bebé se encontró en la arena una colilla de cigarrillo, o peor aún, las heces de un perrito cuyo dueño no se hizo responsable.
Mientras debería garantizarse que los ecuatorianos hagamos en nuestras playas lo que queramos hacer, eso tampoco significa que todo el mundo deba tener el derecho de hacer de todo en el mismo metro cuadrado de playa. El manejo de playas y zonificación de actividades recreativas y productivas se viene realizando desde hace muchos años en varios países del mundo. Este manejo requiere por sobre todas las cosas de valentía y decisión política por parte de los municipios, entes reguladores del recurso según la ley. Las ordenanzas pertinentes más que enfocarse en controlar deberían orientarse a procurar que los diversos sectores de la sociedad tengan la oportunidad de realizar sus actividades en un espacio definido: los residentes, los visitantes y también los sectores productivos.
El manejo y clasificación de playas de acuerdo con el espacio disponible, accesibilidad, potencialidades de uso y oferta de servicios permitiría que los visitantes escojamos nuestros destinos según lo que queremos hacer o esperamos encontrar: un lugar tranquilo, un lugar para practicar deportes, o quizá un lugar con una oferta variada de servicios. Además, las autoridades municipales deberían tomar en cuenta que una playa ordenada, donde cada cual tiene su espacio, es un poderoso recurso político ya que se mantiene contentos a los unos y a los otros. Una playa donde todos estamos de una u otra forma insatisfechos se convierte en lo contrario.
Ante la inminente transformación de las ciudades en las que vivimos, donde las calles y ciudadelas se van cerrando, los parques con reja se normalizan y los centros comerciales se convierten en el eje de la interacción social, la protección de la playa como lugar de uso público heterogéneo, abierto, natural y al aire libre es indispensable. (O)
