El 8 de mayo de este año, la anterior administración municipal de Quito aprobó una resolución para ofrecer servicio de transporte público para mujeres. El objetivo de esta decisión es, según se dijo, evitar la violencia que sufren las mujeres a bordo del trole, la cual se manifiesta de diversas maneras: agresiones, manoseos, insinuaciones de contenido sexual, insultos.

La medida, que ya existe en otros países, puede parecer una solución y una manera de proteger a las mujeres y evitarles momentos desagradables y hasta peligrosos, lo que quizás se logra por el tiempo que dura el recorrido. La violencia, sin embargo, subsiste y evoluciona a niveles peligrosos que pueden incluso terminar en el femicidio. Y al bajarse del bus, el riesgo sigue ahí, porque es un problema mayor que no se puede resolver con medidas aisladas y, menos aún, creando situaciones artificiales, pues el mundo lo compartimos hombres y mujeres y lo natural es que podamos hacerlo sin temores, sin segregación, respetándonos mutuamente.

El trabajo sostenido de muchas mujeres en el mundo ha ido cambiando la situación y ha empezado a entenderse que la sociedad la construimos juntos y que somos iguales en dignidad y en derechos. Pero ha sido, es, un lento aprendizaje que ha ido plasmándose en leyes y en acuerdos internacionales. Pero eso tampoco es suficiente.

En realidad, se trata de un problema de educación, de un cambio de mentalidad y de conducta que lleve a que hombres y mujeres, conservando nuestras características específicas, nos reconozcamos iguales y diversos.

Es posible que esta medida sirva para atraer la atención sobre el problema, para que se hable, se discuta, se proponga y para que se planteen acciones de largo alcance que revaloricen a la mujer, que eliminen la visión de objeto que algunos tienen de ella y que se defienda su derecho a los espacios públicos sin ser molestada, ni agredida.

Es importante que entendamos que la mujer debe ser respetada en todos los espacios, en la familia, en la escuela, en la universidad, en la oficina, en las fábricas, en las instituciones públicas, en las funciones políticas, cualquiera que sea su estado civil, situación económica, raza, profesión u oficio, y debe serlo en su integridad. Es una tarea de educación permanente que es responsabilidad de la familia, de las instituciones educativas, de los medios de comunicación, del Estado y de la sociedad misma. Solo así evitaremos que al bajar del transporte público solo para mujeres sea víctima de la violencia y de ultrajes que producen humillación, ira, autodesvalorización y la priva de su derecho de participar con libertad en un mundo que también le pertenece.