Un acto de barbarie ultrajante a la conciencia de la humanidad que obliga a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los organismos internacionales de protección de las nacionalidades, comunidades y pueblos indígenas a revisar con el sentido de urgencia, es permitir que la cuestionada justicia indígena continúe atentando contra la dignidad del ser humano por un desmesurado concepto de preservar sus formas de convivencia y prácticas culturales y tradicionales de administrarse justicia a su interior, cuyos resultados son abominables violaciones de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
El hecho que conmociona a la humanidad se perpetró en la India, en Subalpur. La justicia tribal, conformada por un consejo de aborígenes y por el jefe del pueblo, condenó a una mujer de su tribu a ser violada colectivamente por no poder pagar una multa impuesta por tener relación amorosa con un joven de otra comunidad. La joven víctima soltera cometió el delito de enamorarse de un varón de fuera de su tribu. La violencia sexual contra la mujer es un llamado que exige respuesta inmediata a los organismos de protección colectiva hacia los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas. Se proclama la defensa de la mujer, del niño y la familia, y sin embargo persisten hechos que aborrecemos como la ablación o mutilación genital femenina, el infanticidio de la mujer, el matrimonio prematuro y forzoso de la mujer, el embarazo precoz, el precio de la dote. ¿Hasta cuándo la impunidad? El ultraje por violación sexual contra la mujer tiene porcentajes de espiral en Estados Unidos, el abuso sexual a la mujer universitaria o miembros de Fuerzas Armadas tiene cifras escalofriantes, se afirma que una de cada cinco mujeres ha sido objeto de abuso sexual: “El abuso sexual es una afrenta de nuestra decencia y humanidad”, ha dicho Obama. ¡Es la hora del debate y no del silencio, que se escuchen voces a favor y en contrario. Todos hacia la protección de la dignidad del ser humano, mujer y hombre!
Franklin Moreno Quezada, doctor en Jurisprudencia, Guayaquil
