La Ley de Comunicación, más allá de su impronta de totalitarismo retro, constituye un hito. Marca la consolidación de un plan progresivamente ejecutado: el Estado lo controla todo, o al menos tiene capacidad para hacerlo. Esa pieza legislativa completa un coloso regulatorio cuyo alcance será testeado cuando la marea baje y aparezcan las grietas del modelo.

Y es que con la marea baja se ve quién está desnudo. Empresas o países, aplica por igual. Ahora que la arena seca empieza a asomar por América Latina, veremos quién quedará en pelotas. El magma de dinero que llegó de Estados Unidos y Europa a alimentar el boom de los países emergentes, buscando más rentabilidad, empezó su regreso a casa hace pocas semanas. Y la economía china, cuya voracidad por materias primas parecía no tener fin, ha empezado a estancarse.

Por su parte, el gobierno ecuatoriano aparece ya ligero de ropas: se ha agotado el margen de maniobra para estimular una economía enteramente dependiente del Estado. El precio del petróleo se ha estancado, el gasto ha subido más allá de lo sostenible, y la inversión extranjera brilla por su ausencia. Se mencionan planes para emitir bonos soberanos en los mercados financieros, pero es poco probable que eso tenga éxito: la prima de riesgo es alta, saldrían carísimos los préstamos, y los capitales hoy se alejan de las economías emergentes.

Las vacas no enflaquecerán de sopetón, claro. El declive será paulatino. Como paulatino será el inicio de la ofensiva burocrática para exprimir al profano sector privado. La pieza más poderosa de su arsenal es la Ley de Control de Poder de Mercado: creó una Superintendencia casi omnipotente. Puede visitar tu empresa y revisar los documentos que quiera, “sin que se pueda aducir reserva de ninguna naturaleza”. Más aún, si te resistes o consideran ellos que la documentación presentada es “artificiosa”, “se invertirá la carga de la prueba”; es decir, serás culpable hasta que se demuestre lo contrario. Muchos etcéteras.

Lo anterior se complementa con la reforma legal que dio poder a toda entidad con jurisdicción coactiva (la Superintendencia aludida, el SRI, etcétera) para decidir quién es testaferro de quién e incautarle sus bienes. Así, rapidito: si esa casa no les parece tuya, te la quitan, porsiaca. Porque se sabe que el debido proceso entorpece la eficiencia revolucionaria.

No hace falta ser profeta para preverlo. Solo conocer su lógica. Donde todo se planifica centralizadamente, no hay espacio para el error, o para sorpresas. Ello sería asumir que planifican mal, o que no lo controlan todo. Más aún cuando ya no existe ningún contrapeso político con capacidad de aguar sus propósitos. El Plan Nacional de Buen Vivir no contempla una alerta que diga “Error en el sistema, reinicie el equipo”. Para ellos, los estragos del intervencionismo tienen una cura: más intervencionismo. Porque la próxima vez será distinto.

Hasta que cambien de rumbo económico, obligados por la realidad y las ansias electorales, contrarrestarán el desgaste político culpando a algún oscuro saboteador. Además, necesitarán nuevas vacas para ordeñar. Por ello, cuando baje la marea sentiremos el alcance de ese coloso regulatorio cuyo potencial aún inadvertimos.

El Plan Nacional de Buen Vivir no contempla una alerta que diga “Error en el sistema, reinicie el equipo”. Para ellos, los estragos del intervencionismo tienen una cura: más intervencionismo. Porque la próxima vez será distinto.