‘Ya no hablamos solo de robos en carreteras, hablamos de asesinatos. Están matando a nuestros compañeros’, señalan transportistas

La carretera se volvió una sentencia de muerte para muchos transportistas en Ecuador. Esa es la conclusión a la que llegan quienes, día tras día, salen de madrugada a mover alimentos, medicinas, combustibles y materias primas, sin la certeza de regresar con vida a casa. Las historias se repiten en distintos puntos del país.En 2023, Gustavo Ayala , transportista, salió desde Carchi hacia Esmeraldas para cargar combustible. Tras completar su recorrido, emprendió el retorno hacia Quito.En ese trayecto fue interceptado por delincuentes armados que intentaron asaltarlo. Gustavo intentó defenderse y fue asesinado a sangre fría . Su muerte quedó marcada como una más en una lista que, según el sector, crece sin que el Estado logre contenerla.Dos años después, el 27 de diciembre de 2025, Alfonso Colcha vivió otro rostro del mismo problema.Circulaba al sur de Guayaquil cuando fue detenido por presuntos miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) . Le solicitaron documentos y, minutos después, un vehículo blanco se atravesó frente a su camión. Los uniformados desaparecieron y los ocupantes del auto se llevaron el vehículo.La escena parecía un asalto más, hasta que un patrullero de la Policía Nacional pasó por el sector y logró recuperar el camión tras una persecución, a la altura de la Entrada de la 8. Los delincuentes, sin embargo, quedaron en libertad horas más tarde porque se movilizaban con muletas y presentaron carnés de discapacidad .El camión permaneció retenido hasta los primeros días de enero. Para liberarlo, según relató Pablo Cerón, presidente de la Cámara de Transporte del Carchi, hubo que pagar a todos: fiscal, perito, juez, uniformado que elaboró el informe, funcionario que firmó la salida del vehículo, garaje y abogada. “Hoy ya no defienden en derecho, sino que amarran con jueces y fiscales”, lamentó. El costo total rondó los $ 3.000 . “Pasamos de los delincuentes comunes a los delincuentes de cuello blanco y uniforme”, resumió.Cerón aseguró que la mayoría de transportistas del país ha sido víctima de la delincuencia en algún punto de la red vial. Solo en Carchi existen alrededor de 5.600 camiones de carga pesada. Antes, por la alta producción agrícola, circulaban unos 120 viajes diarios entre Quito, Tulcán y Guayaquil. Hoy esa cifra cayó cerca del 30 % . “Con el temor de no volver a casa han disminuido los viajes. Ya no salen 120, ahora apenas 30. Pierde el productor y pierde el transportista. Hay carros guardados en los garajes”, explicó.El dirigente identificó las rutas críticas en todo el país, desde Rumichaca hasta Huaquillas, y los accesos hacia Loja. Pero advirtió que la situación “ya sobrepasó el límite” en el anillo vial de Quevedo, Santo Domingo, Aloag, Balzar, El Empalme, Babahoyo y Durán. Son tramos que, según afirmó, se volvieron intransitables a cualquier hora si se circula en solitario.“Estamos siendo testigos de una masacre”, reclamó Cerón. Dijo que el gremio ha participado en mesas técnicas de seguridad con Policía, Fuerzas Armadas y ministros de Estado, pero que las respuestas se repiten sin resultados concretos. “Siempre nos dicen que las estadísticas indican que han bajado los robos, cuando a diario se roban cinco camiones en distintos puntos del país. No sé de dónde sacan esas cifras. Vivimos en un infierno vial”, enfatizó. A eso se suma, según Cerón, la criminalización de la protesta: “Cuando salimos a reclamar nuestros derechos nos acusan de terroristas. Yo mismo enfrento un juicio por terrorismo”.Por su parte, René Gómez, coordinador nacional de la Confederación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Confetrap) , aseguró que el sector está al borde de una decisión drástica si no existe una intervención real del Estado. “Ya no hablamos solo de robos en carreteras, hablamos de asesinatos . Están matando a nuestros compañeros”, afirmó.Gómez explicó que la violencia llegó a tal punto que muchos transportistas prefieren no denunciar. En lugar de acudir a las autoridades, negocian directamente con bandas delictivas para recuperar sus vehículos, lo que, advirtió, fortalece a las organizaciones criminales. Aunque reconoció los esfuerzos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Transporte, aseguró que las acciones no han resuelto el problema. Una reunión clave prevista entre finales de 2025 y enero de 2026 fue pospuesta y nunca se concretó.Las demandas del sector apuntan a una reunión de alto nivel, con resultados inmediatos. Exigen la presencia del Ministro del Interior, Ministro de Defensa, comandantes de Policía y Fuerzas Armadas, fiscal general, presidente de la Judicatura y de la Corte Nacional. El objetivo, dicen, es cortar la cadena de impunidad : sancionar a policías que elaboren partes mal hechos, a fiscales que no acusen y a jueces que liberen a delincuentes que vuelven a matar en carretera.El impacto de una eventual suspensión del servicio sería, según Confetrap, incalculable. No solo afectaría el abastecimiento de mercados populares, hospitales y empresas, sino también la exportación e importación desde los puertos. Gómez aclaró que no se trata de bloqueos ni cierres de vías. “Hablamos de apagar motores y no salir a cargar. Es la pérdida total de confianza”, señaló.El dirigente recalcó que más del 90 % del transporte pesado en Ecuador está conformado por el llamado “hombre camión”: propietarios de un solo vehículo que, si lo pierden, se quedan sin su única herramienta de trabajo. Son más de 200.000 transportistas, cuyas pérdidas no siempre se reflejan en estadísticas oficiales porque el miedo impide denunciar.Si no hay una respuesta clara, visible y sostenida en las carreteras, el sector advierte que apagará motores . “No queremos hacerle daño al país, pero el Estado debe garantizar nuestra vida. Detrás de cada transportista hay familias, niños que están quedando huérfanos”, concluyó Gómez. Para ellos, la carretera dejó de ser un camino de trabajo y se convirtió en un riesgo permanente , mientras la respuesta estatal sigue, según denuncian, atrapada entre mesas, discursos y expedientes. (I)

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