Alrededor de 300.000 personas se habrían desplazado internamente en el país, según un estudio de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), por aspectos relacionados con el conflicto armado interno que fue declarado el 9 de enero de 2024 en Ecuador, mediante el Decreto Ejecutivo n.º 111.
Federico Agusti, representante de Acnur en Ecuador, explicó que un desplazamiento forzado se llama así porque no se toma una decisión voluntaria para mejorar la vida de la persona, sino que se lo hace por circunstancias que obligan a salir para protegerse, por seguridad o por libertad.
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Cuando es un desplazamiento internacional se habla de refugiados o es interno, que es causado por la violencia que obliga a las personas a dejar sus cantones, ciudades, provincias dentro del propio territorio.
Agusti expresó que en los últimos dos años se estima que hay unos 300.000 ecuatorianos que se han desplazado internamente por cuestiones de la violencia, es decir, víctimas del conflicto armado interno.
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El estudio, el primero de ese tipo hecho por esa organización, será publicado próximamente.
Se identifica que hay provincias expulsoras, como Azuay, Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, y las receptoras, como Azuay, Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Manabí, por lo que algunas son a la vez expulsoras y receptoras.
La investigación fue una encuesta presencial en 922 hogares que incluyó a alrededor de 3.000 personas en once provincias, tomando en cuenta registros de criminalidad, extorsiones, homicidios, riesgos de desplazamientos. También hubo entrevistas en profundidad.
El estudio se hizo entre fines del 2024 e inicios del 2025.
Las políticas de educación, salud y atención son universales, por lo que hay atención, añadió, aunque quizá no ha estado focalizada específicamente.
Por ello, sostuvo, es en donde hay que hacer esfuerzos en aspectos de salud mental, facilitar para que los niños se inserten en el régimen educativo y políticas de prevención comunitarias dirigidas a los más vulnerables, como mujeres, madres de familia, jóvenes, niños, que incluyan aportes en deporte, cultura, empleo.
Señaló que en apoyo a una convocatoria de la Defensoría del Pueblo se han realizado mesas de trabajo y se trabajan en protocolos de derivación y atención.
Agregó que Acnur puede brindar cooperación técnica y asistencia tanto para que haya un marco normativo adecuado como para que haya más institucionalidad que pueda apoyar a los desplazados por el aumento de la criminalidad, en trabajos conjuntos con autoridades nacionales y locales en políticas sobre prevención y asistencia.
Para el funcionario, el Gobierno está incluyendo leyes con artículos sobre medidas de prevención y protección inmediata a personas que se desplazan como víctimas del conflicto o medidas preventivas a la captación de menores por bandas criminales.
De acuerdo con otro estudio, el informe Tendencias nacionales, Ecuador ha acogido a más de 610.000 personas forzadas a huir, registradas por Acnur y otras entidades hasta finales de abril de 2025, como resultado de persecución, conflicto, violencia, violaciones de derechos humanos o eventos que han perturbado gravemente el orden público.
El número engloba más de 80.000 personas que históricamente Ecuador ha reconocido con el estatus de refugiado, y 440.450 personas refugiadas y migrantes de Venezuela, tomando en consideración el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
El informe global reveló que contrario a la percepción generalizada en las regiones más ricas, el 67 % de las personas refugiadas se queda en los países vecinos, y los países de renta baja y media acogen el 73 % de los refugiados del mundo.
La mayoría de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, de hecho, permanecen en países de América Latina y el Caribe, principalmente en Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador. (I)