Una sentencia de dos años de prisión es la condena que impuso un tribunal al expolicía Marco Julio O. T., quien habría participado de manera directa en el robo de 158.000 dólares y cuatro teléfonos celulares.
Este caso se detectó en diciembre de 2017. Ese año se descubrió el hurto de dinero y otros bienes del interior del Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Policía Judicial en Durán.
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Según la denuncia realizada por la Policía, existía un faltante de 158.000 dólares y varios teléfonos celulares de alta gama. Las responsabilidades apuntaron al policía Marco Julio O. T., quien desempeñaba las funciones de custodio dentro de dichas bodegas.
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Según las investigaciones, el agente solicitó veintidós días de vacaciones luego de cometerse el delito. Una vez concluido su asueto, desapareció y no justificó su inasistencia a las labores.
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Este proceso llegó a un Tribunal Penal conformado por Manuel Armas, Martha Gavilánez y Abraham Cheing. Ellos acogieron las pruebas presentadas por Fiscalía y –por unanimidad– emitieron la sentencia contra el exagente.
Además decidieron imponerle una multa de doce salarios básicos de remuneración (5.400 dólares) y el pago de 158.000 dólares como reparación integral a la Policía Nacional (como afectada).
Durante la audiencia de juzgamiento, desarrollada la tarde y noche del martes –y luego de más de cinco reinstalaciones contadas desde 2022– en la Unidad Judicial Multicompetente de Durán, la fiscal Cecilia Rodríguez Arboleda presentó como pruebas los partes de aprehensión e investigativos tanto de la Policía Judicial como de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
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Además se adjuntaron los informes de evidencias encontradas en las auditorías internas (faltantes del dinero y celulares) y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos.
A esto se sumaron los testimonios de diecisiete personas, incluidos agentes investigadores, peritos y policías que hicieron la entrega de bienes al ahora sentenciado, en la fecha que se suscitaron los hechos.
La acusación particular por parte de la Policía Nacional estuvo representada por el coronel Ángel Esquivel Moscoso.
La Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 198 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de hurto de lo requisado con un máximo de dos años de prisión. (I)