‘Si viven en zonas vulnerables, sus dispositivos de seguridad deben estar acorde a eso para no ser presa fácil del crimen organizado’, dice especialista sobre asesinato de cuatro alcaldes en 10 meses

Hay territorios del país a los que el crimen organizado transnacional considera sus ‘santuarios’, pues las bandas centran allí sus actividades ilícitas: minería ilegal, contaminación de contenedores que van al exterior, entre otras.Por eso, dice Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, es importante que los sistemas de seguridad de cada alcalde se ajusten a la realidad de sus territorios.“Están viviendo en zonas altamente vulnerables en el tema de seguridad, por lo tanto, esto implica que sus dispositivos, las cápsulas de seguridad estén acorde al diagnóstico situacional que se vive en ese sector; si no tienen eso, entonces, son presa fácil rápidamente de estas organizaciones delictivas”, refiere el consultor.Él considera que en esos sectores vulnerables, el crimen organizado trata de cooptar a los funcionarios y allí se produce un riesgo que abarca tanto al que pueda aceptar alinearse a determinada banda delictiva como a quien se niegue a hacerlo.“El momento en que aceptan puede haber otra organización (banda) que no comparte eso, porque le está perjudicando, y se convierten (alcaldes) en un objetivo. Si no lo aceptan, se convierten también en un objetivo; en definitiva, la actividad de estos funcionarios es sumamente delicada y bastante difícil”, expresa Pazmiño.El coronel en servicio pasivo se refiere así a una problemática que vive el país. En diez meses han sido asesinados cuatro alcaldes; tres de ellos eran de provincias donde las bandas delictivas se dedican a la minería ilegal.Pero si se considera desde mayo de 2023, cuando se iniciaron las actuales administraciones municipales, la cifra asciende a cinco con el crimen de Agustín Intriago, alcalde de Manta, el 23 de julio de 2023.El caso más reciente se dio este sábado, 11 de enero. Eber Ponce Rosero, alcalde de Arenillas (El Oro), fue víctima de un ataque mientras se trasladaba en un vehículo oficial del Municipio junto con otras tres personas.El atentado ocurrió a las 16:30 en la ciudadela Miraflores de Arenillas. El funcionario, de 45 años, logró avanzar unos metros en el carro hasta ser auxiliado y fue llevado a un hospital local. De allí lo derivaron al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Machala, donde horas después murió.En El Oro, Jorge Maldonado, alcalde de Portovelo, fue asesinado el 19 de abril del 2024, alrededor de las 09:20. Recibió varios impactos de bala en la cabeza mientras se encontraba afuera de una tienda del centro de dicho cantón.En esta provincia de la Costa hay localidades en las que la minería ilegal ha ganado terreno por parte de bandas del crimen organizado transnacional, principalmente Los Lobos, una de las 22 agrupaciones consideradas terroristas según el Decreto 111 con el que se declaró el conflicto armado interno en enero de 2024.El cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez es otra de las localidades con incidencia de minería ilegal. Allí, el 17 de abril del 2024 fue asesinado el alcalde José Sánchez.Fue víctima de un ataque mientras realizaba actividad física en el sector Nueva Ponce. En el atentado también murió uno de sus custodios.Según versiones dadas por moradores a la Policía Nacional, entre ocho y diez sujetos vestidos con prendas similares a las de los militares llegaron a bordo de una camioneta de color negro y se bajaron a pocos metros del funcionario.Mientras, el 24 de marzo del 2024, Brigitte García, alcaldesa de San Vicente (Manabí), fue hallada sin vida junto al cuerpo de Jairo Loor Meza, director de Comunicación del Municipio, en una playa conocida como Punta Napo, dentro de un vehículo.Para Alexandra Zumárraga, consultora en temas de seguridad, ante estos casos es vital implementar mesas de análisis, con personal de la Fiscalía, para esclarecer las causas de estos atentados y definir estrategias para enfrentar la problemática.“Los factores de riesgo pueden ser las zonas donde hay más presencia de GDO (grupos de delincuencia organizada), pero no solo eso, sino analizar de dónde han venido, a dónde han pertenecido estos funcionarios que han sido asesinados. A qué partidos, si es que estos han pedido custodia policial, si no se les ha dado y las situaciones familiares y personales”, comentó ella.Lamentó que estos crímenes sean recurrentes y por eso se mostró partidaria de acciones inmediatas por parte del Gobierno central. (I)

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