¿Qué otro delito se configura tras la identificación de los restos de los chicos de Las Malvinas? Esto esgrimen abogados sobre este caso

Una vez que se confirmó que los restos hallados en una zona de Taura corresponden a los menores de Las Malvinas desaparecidos, el caso tomará otro giro.La audiencia de formulación de cargos se desarrolló como una desaparición forzada . Cuando fue convocada no se sabía aún que los cuerpos calcinados eran de los menores.Este martes, 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía General del Estado informó que formuló cargos contra 16 militares por el presunto delito de desaparición forzada, que habrían perpetrado contra cuatro personas, menores de edad, el pasado 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.La investigación, según la Fiscalía, se inició el 9 de diciembre tras la denuncia de secuestro presentada por el padre de una de las víctimas. Inicialmente, el caso fue manejado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y luego transferido, el 22 de diciembre, a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.Un niño y tres adolescentes, de entre 11 y 15 años, habrían sido detenidos por personal militar en las cercanías del Mall del Sur y subidos a vehículos de las Fuerzas Armadas.En la audiencia la Fiscalía presentó elementos de convicción que sustentan la presunta participación de los procesados en el delito investigado, mencionó en un comunicado. Entre estos estuvieron testimonios de familiares y testigos, informes de peritos forenses e investigadores, evidencias físicas, como los celulares de los procesados, registros de video y vehículos utilizados durante el operativo. Además de informes de inspección ocular.Sin embargo, ese mismo día, al final de la audiencia de formulación de cargos, esa entidad informó que los resultados de las pericias de genética forense confirmaron que los cuatro cuerpos encontrados en Taura correspondían a los tres adolescentes y al niño que habían desaparecido tras un operativo militar.Una vez identificados los restos, ¿bajo qué figura debería seguir este proceso judicial: desaparición forzada, ejecución extrajudicial o asesinato?Para Pablo Encalada, abogado penalista, es un claro caso de ejecución extrajudicial. Si bien, indicó, empezó como desaparición forzada, cuando se supo el desenlace se convirtió en un caso de ejecución extrajudicial.Estos dos delitos, explicó, son de los crímenes más graves que hay en la humanidad, tanto así que forman parte de un catálogo muy reducido denominado el Estatuto de Roma. Es más grave que un asesinato, señaló.Ambos delitos —expresó el jurista— están relacionados con una detención que hacen las fuerzas del Estado, ya sea la Policía o los militares o quienes actúen con anuencia del Estado y que posterior a ello se dé la ejecución extrajudicial, que significa aplicarles una pena de muerte.Encalada agregó que habrá una reformulación de cargos y que la Fiscalía tiene tres meses para realizarla. Con ello, se ampliará el plazo de la instrucción fiscal en 30 días, alcanzando un total de 120 días.Según la jurista Gladys Terán, debería haber una reformulación de cargos y que todo dependerá de lo que se investigue y de los resultados de esa investigación.Añadió que el resultado de la desaparición puede ser la muerte, violaciones, secuestros, etc., y al ser desaparición es un delito en contra de los derechos humanos.El artículo 85 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se refiere a la ejecución extrajudicial. La normativa establece que la funcionaria o el funcionario público, agente del Estado, que de manera deliberada en el desempeño de su cargo o mediante la acción de terceras personas que actúen con su instigación y se apoye en la potestad del Estado para justificar sus actos, prive de la vida a otra persona será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.El artículo 84 del COIP define a la desaparición forzada cuando la o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento o los grupos armados organizados que por cualquier medio sometan a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales o legales. El delito será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.A los militares investigados se les dictó prisión preventiva. (I)

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