‘Los toques de queda son para los ciudadanos, pero no para las bandas (criminales)’: críticas a estado de excepción para dos provincias y Durán

Un decreto de estado de excepción rige para dos provincias y un cantón del Ecuador.En el decreto consta el toque de queda desde las 22:00 hasta las 05:00. El estado de excepción tiene una duración de 60 días.El decreto 824 fue firmado por el presidente Guillermo Lasso la mañana del lunes 24 de julio, en Durán. Es por grave conmoción interna en las provincias de Manabí, Los Ríos y en el cantón Durán.La emisión de este decreto surgió tras el asesinato que sufrió el alcalde de Manta, Agustín Intriago, el domingo 23.En ese cantón, por ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 11 de julio, se produjeron 85 muertes violentas, según información policial. Esta localidad integra conjuntamente con Guayaquil y Samborondón la Zona 8, jurisdicción que hasta la fecha registra 1.363 homicidios, 631 más que lo que hubo en el mismo lapso del 2022.Hasta el 19 de julio, 103 era la cifra de muertes violentas en ese cantón del Guayas, donde en junio pasado se desató una guerra entre bandas que ha causado más de 40 nuevos crímenes.Para Jean Paúl Pinto, experto en seguridad, es absurda la emisión de un nuevo decreto pues hay uno anterior, el 730, emitido el pasado 3 de mayo de 2023.Pinto explicó que ya se permitía que las Fuerzas Armadas participen en temas de seguridad interna.Agregó que es un contrasentido porque tenían una herramienta legal y opinó que los estados de excepción se han usado en el pasado, sin resultados.“No va a resolver los problemas porque los toques de queda son para los ciudadanos, no para las bandas (criminales)”, dijo.El analista añadió que el Gobierno no tiene un plan de seguridad ni estrategias y, a su parecer, esos decretos son como un paliativo para transmitir la idea de que el régimen sí está haciendo algo.Carla Álvarez, docente e investigadora universitaria y especialista en seguridad, indicó que desde septiembre del 2021 hasta julio del 2023 se han emitido 17 estados de excepción.La especialista se preguntó si se ha visto una reducción de la violencia o de la criminalidad aparejada a estos decretos. Respondió que no, que más bien se ha visto un crecimiento de la violencia y de la criminalidad de manera exponencial.“Tenemos una multiplicación de la tasa de homicidios, de asesinatos, una multiplicación por cinco y que va a ser mucho mayor al cerrar el año”, mencionó.Argumentó que los estados de excepción se emiten de manera reactiva relacionados con eventos caóticos, pero no con el cumplimiento de objetivos ni políticas, ni tienen como finalidad el fortalecimiento de la seguridad.Para pacificar el país, Álvarez sugirió, entre otras medidas, contar con un servicio de inteligencia adecuado que identifique las amenazas, tener un plan de seguridad para que la población lo conozca y que sea público, fortalecer y depurar a los organismos de seguridad, fortalecimiento del sistema judicial y reducir la impunidad.Aclaró que son acciones a largo plazo. (I)

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