En localidades de las provincias de Guayas, Esmeraldas y Los Ríos, familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos han denunciado la desaparición de 26 personas, incluyendo menores de edad, en medio del denominado conflicto interno armado y estado de excepción en Ecuador.
Los testimonios y los reportes han sido recopilados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil) y han sido presentados en la Fiscalía para las respectivas investigaciones.
En abril de 2025, el CDH Guayaquil presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Publicidad
Según datos de la Fiscalía, 43 procesos están abiertos en Ecuador por presunta desaparición forzada desde la instauración del denominado conflicto interno armado dispuesto el 9 de enero de 2024.
En una resolución a ese pedido, la CIDH otorgó medidas cautelares en beneficio de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras en el contexto de un estado de excepción en Ecuador. La decisión se adoptó el pasado 24 de diciembre, aunque se difundió seis días después.
Según el organismo, esta resolución se adoptó por la situación de “gravedad” y “urgencia”, ya que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en el país.
Publicidad
La solicitud expuso que las 26 personas habrían sido retenidas en operativos militares realizados en 2024 en el contexto del conflicto interno armado.
Por ahora no se cuenta con información oficial del paradero de estas personas, a pesar de denuncias puestas en la Fiscalía y decisiones judiciales.
Publicidad
A la par, las mujeres buscadoras han señalado que estarían siendo objeto de amenazas y actos de intimidación por sus labores.
Las solicitudes de la CIDH al Gobierno de Ecuador
La CIDH solicitó las siguientes medidas al Gobierno de Ecuador:
a) Que redoble sus esfuerzos para determinar la situación y el paradero de las 26 personas desaparecidas identificadas en la resolución, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal, mediante un plan de búsqueda con resultados medibles, participación familiar y enfoque de edad, de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables.
b) Que facilite la entrega inmediata de toda la información disponible que permita conocer el destino de las personas beneficiarias, incluyendo, pero no limitándose, a toda aquella requerida por las decisiones judiciales internas y de las acciones urgentes del Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas.
Publicidad
c) Que adopte las medidas necesarias, con enfoque de género, para proteger la vida e integridad de las seis mujeres buscadoras de conformidad con los estándares internacionales aplicables.
d) Que brinde atención a la salud física y mental de las seis familiares identificadas de las personas desaparecidas.
e) Que concierte las medidas a adoptarse con los familiares de las personas beneficiarias y sus representantes.
f) Que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar con la debida diligencia los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición.
Impacto y consecuencias del incumplimiento de las medidas
Abraham Aguirre, representante legal del CDH, explicó que las medidas cautelares otorgadas son sumamente importantes para poder agilizar las indagaciones y la búsqueda de las personas desaparecidas en el país.
Con esta medida, Aguirre expresó que se marca un “precedente”. A su vez, expuso que la CIDH busca garantizar que las investigaciones estén enmarcadas en los lineamientos establecidos por parte del mismo ente.
En cuanto a la obligatoriedad de cumplir y hacer efectivos los derechos humanos por parte del Estado, Aguirre mencionó que regularmente hay una periodicidad para remitir información sobre los pedidos de la entidad internacional.
“Sobre todo tiene una mirada desde el plano internacional para que estas búsquedas sean enmarcadas dentro de los lineamientos que el mismo Sistema de Derechos Humanos ha establecido sobre personas desaparecidas”, detalló Aguirre.
De ser el caso, él explicó que podría haber consecuencias por la falta de acciones para acatar las obligaciones internacionales.
“Al adscribirse se obliga a acatar cada una de las disposiciones contenidas en medidas cautelares y sentencias, lo que puede conllevar que este caso avance hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dicho incumplimiento de obligaciones internacionales o se mantengan bajo supervisión, aumentando con ello la responsabilidad internacional del Estado y exponiendo a las víctimas a un riesgo continuo”, dijo Aguirre.
Además, esta situación podría acarrear un impacto en la credibilidad y un debilitamiento del Sistema de Protección de Derechos Humanos, al que los Estados, como Ecuador, están comprometidos por acuerdos internacionales.
“Esas son las consecuencias, tales como responsabilidad internacional, el no cumplimiento constituye una violación a la Comisión Interamericana y otros tratados, generando responsabilidad para el Estado”, añadió.
Monitoreo internacional y respuesta del Estado
Por otra parte, el abogado explicó que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) intensifican el monitoreo del caso, solicitando informes y realizando audiencias para evaluar la situación y constatar la inacción estatal de ser el caso.
Advirtió que de no cumplirse las medidas cautelares se podría acelerar el proceso hacia el fondo en la Corte IDH, es decir, que podría acarrear una sentencia internacional.
En esta, explicó, se podría determinar la violación de derechos y establecer reparaciones más amplias para las víctimas.
La CIDH explicó en su resolución que el Estado ecuatoriano ha manifestado que lleva adelante indagaciones diligentes y que cuenta con mecanismos eficaces para mitigar el riesgo.
Además, refirió que conforme a la valoración efectuada por la entidad competente no se ha identificado un riesgo verificable para las familias de las personas desaparecidas. Sin embargo, se informó que se realizaría una reevaluación del riesgo.
Según datos de la Fiscalía, en el país hay 43 procesos abiertos por presunta desaparición forzada. (I)
