Plazos y sanciones: ¿cuál es el escenario que enfrentaría Ecuador si no cumple con las medidas cautelares de la CIDH para los reos de la Penitenciaría del Litoral?

El olor es lo primero que golpea. Un hedor persistente, difícil de describir, recibe a los familiares que llegan al área de visitas de la Penitenciaría del Litoral en busca de noticias de sus reos.

“No se soportaba”, recuerda María Morán, madre de Jonathan, un joven detenido desde hace un mes por un proceso de manutención.

María contaba que las visitas están anunciadas para los martes y jueves, pero la mayoría de veces no se permiten.

“Uno no sabe si come o no. Él me dice que le dan arroz con huevito, arroz con mortadela, nada más. Yo estoy desesperada por las enfermedades y los peligros que hay aquí”, relata.

Por eso acudió al centro el día en que se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares para los internos del CPL Guayas n.º 1.

“Sería bueno que el Estado intervenga y nos ayude, sobre todo a quienes llevan más tiempo”, insiste.

Mariselba Rodríguez, por su parte, buscaba información sobre su cuñado, Gilberto, privado de libertad desde hace cuatro años.

“No nos quieren dar ninguna noticia. No sabemos si está vivo o enfermo”, dice.

Afirma que dentro no hay medicinas ni alimentos suficientes. “Están muriendo peor que un perro y eso no es así. Son seres humanos. Cometieron un error, pero no pueden pagar con la vida”, manifiesta.

Rodríguez asegura que lleva más de un año sin verlo. “Venimos a preguntar y nos dicen que no hay visita, que no hay medicina, que no pueden dar información porque el SNAI no lo permite”, cuenta.

Lo que más la indigna, añade, es el trato durante los controles: “El maltrato de los militares es pésimo”.

También ha escuchado relatos que la persiguen: “Decían que los reclusos conviven con muertos, que incluso comen a su lado porque nadie los saca”.

La intervención de la CIDH y el Comité de Derechos Humanos

Las denuncias de los familiares fueron parte del sustento para que la CIDH considere que la población penitenciaria enfrenta un riesgo grave y urgente.

Fernando Bastidas, abogado y coordinador del Área de Protección del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), explica que la solicitud se presentó en febrero de 2025 tras constatar que la intervención militar no redujo la crisis, sino que la agravó.

“Recién ahora podemos corroborar oficialmente que hubo una serie de muertes durante 2025”, señala.

Según datos extraoficiales recopilados por el CDH, en enero se registraron 17 fallecimientos; en febrero, 29; en marzo, 42; en abril y mayo, 42 cada mes; en junio, 49; en julio, 90; en agosto, 112; y en septiembre, 141, principalmente asociados a la desnutrición y la tuberculosis.

La CIDH ordenó al Estado ecuatoriano adoptar medidas inmediatas para evitar más muertes, mejorar la alimentación y la atención médica, reducir el hacinamiento, restablecer el contacto con familiares y permitir el ingreso de la Comisión para verificar lo que ocurre dentro.

Las medidas que el Estado debe cumplir

Dentro de su resolución, la CIDH solicitó a Ecuador que active una serie de medidas:

A) Adoptar las medidas que sean necesarias y efectivas para evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad personal de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en el CPL Guayas n.º 1.

B) Implementar las medidas necesarias de manera inmediata para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellas:

- Garantizar el acceso a atención médica adecuada y especializada, así como a los tratamientos y medicamentos necesarios, incluyendo la realización inmediata de tamizajes y valoraciones médicas integrales conforme a sus padecimientos.

- Asegurar el acceso inmediato a alimentos de calidad en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales, así como a agua potable en cantidad suficiente y de forma continua.

- Tomar acciones inmediatas para reducir sustancialmente el hacinamiento en el interior del CPL Guayas n.º 1.

- Garantizar el acceso periódico de los representantes legales y familiares al CPL Guayas n.º 1.

C) Concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes mediante el establecimiento de una mesa interinstitucional que refleje la urgencia de la situación.

D) Informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas medidas cautelares, en particular sobre las muertes ocurridas, y así evitar su repetición.

E) Brindar respuesta a la CIDH sobre su pedido de anuencia para que pueda realizar una visita in situ al CPL Guayas n.º 1 a fin de verificar la puesta en marcha de acciones inmediatas en los términos de esta resolución a favor de las personas privadas de libertad en dicho centro.

También dispuso que se investiguen todas las muertes ocurridas y que se instale una mesa interinstitucional con la participación de autoridades, organizaciones de derechos humanos y familiares.

Consecuencias y plazos para el estado ecuatoriano

“El Estado tiene quince días para informar qué ha hecho”, advierte Bastidas. Si no cumple, la Comisión puede elevar el caso a la Corte Interamericana, cuyas decisiones tienen mayor peso jurídico.

“Incluso podrían activarse sanciones internas, acciones de incumplimiento o procesos que deriven en la destitución de altos funcionarios”, añade

Sobre el manejo de los cuerpos, Bastidas confirma que existen reportes de cadáveres que permanecen en celdas o policlínicos.

“Criminalística acude de forma periódica, pero mientras tanto los cuerpos se quedan ahí por falta de coordinación”, asegura. (I)