La resolución de nulidad emitida por la jueza penal de Pichincha Verónica Medina dentro del caso por delincuencia organizada en el que eran investigados el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y seis personas más, por una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, según la fiscal general, Diana Salazar, no significa que se ha llegado a determinar la no responsabilidad de los acusados.