Más de 4 asesinatos por día se registraron en la Zona 8 durante este último mes de estado de excepción; el Gobierno habla de una estabilidad

En los últimos años se han decretado al menos seis estados de excepción en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) para tratar de controlar la violencia que se ha apoderado de las calles.El 14 de agosto se decretaron 30 días de esa medida tras un ataque con explosivos en el barrio Cristo del Consuelo que dejó un saldo de 5 muertos y cerca de 20 heridos. Casi un mes después se renovó el decreto por 30 días más por los enfrentamientos en Socio Vivienda 2.Desde el 12 de septiembre rigió este último estado de excepción en la Zona 8. Durante esos 30 días se reportaron 147 muertes violentas en las tres ciudades, siendo Guayaquil la que más casos registra.Es un promedio de 4,9 asesinatos cada día. En este mes, pese a que los militares estaban haciendo controles, en Guayaquil han matado a 138 personas, en Durán a 7 y en Samborondón a 2.Si se analizan los distritos, los más violentos son Nueva Prosperina, con 43 asesinatos en el último mes; Esteros, con 17; Sur, con 14; Portete, con 13; Florida, con 15 casos, y Pascuales, con 10.De enero a la fecha son 1.134 muertes violentas en la Zona 8. Solo en Guayaquil son 1.016 casos.En los crímenes reportados en Guayaquil, Durán y Samborondón, solo el 6,4 % de los casos ha sido resuelto, es decir, 73 asesinatos. Aún están en investigación 1.057 y se han girado boletas de detención en solo 4 casos.El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, mencionó en una rueda de prensa este miércoles que, aunque no contaba con las estadísticas en el último mes, no se ha reportado un incremento de hechos delincuenciales, sino estabilidad, y aseguró que en algunas provincias incluso hubo reducción en hechos delincuenciales comunes.“El 80 % de los crímenes están relacionados al crimen organizado transnacional, y es en función de eso que estamos tomando decisiones”, dijo Jiménez.EL UNIVERSO solicitó la cifra de delitos en el último mes a la Policía Nacional, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Sin embargo, la institución reportó a la Gobernación del Guayas que durante los últimos 30 días se logró la detención de 725 personas por distintos delitos, 38 detenciones con boletas de captura y la desarticulación de 39 bandas del crimen organizado.Además, los policías decomisaron 196 armas de fuego (18 eran fisules), casi 4.000 municiones y más de 1.130 armas blancas. La Policía también incautó seis explosivos tipo granadas en el último mes de estado de excepción.Las Fuerzas Armadas también emitieron un reporte este miércoles. Sus cifras son del 14 de agosto al 12 de octubre. Casi en dos meses, en las calles los militares revisaron 310.989 vehículos, también registraron a 629.344 personas e incautaron 422 armas de fuego y 2.300 armas blancas durante los operativos en varios sectores, como Socio Vivienda, Guasmo, Pascuales y algunos bloques de Bastión Popular.Fueron 1.635 militares los que estuvieron en los barrios más conflictivos, donde también se hallaron 136 unidades de explosivos y más de 4.000 municiones.Pese a la disuasión y a la sensación de seguridad que puede generar ver a los uniformados haciendo controles, los expertos opinan que esta medida ya no es efectiva.El abogado penalista Julio César Cueva dijo semanas atrás que la cotidianidad de estar en estado de excepción ya no asusta a las organizaciones criminales, porque los militares no van a meterse con tanques a sectores, ni usan las armas para atrapar a los sicarios, ni van a detener a los narcotraficantes.“Seguir decretando estados de excepción es como darle una aspirina a alguien con cáncer terminal”, cree Cueva.Si bien los homicidios están vinculados con delitos transnacionales que tienen que ver con negocios sucios, insiste el abogado en que la única forma de luchar contra estos es cambiando algunas leyes y permitir la extradición de personas vinculadas al lavado de activos y al narcotráfico.Cueva también destacó que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) de la Fiscalía debe hacer su trabajo y adquirir un programa que le permita analizar y encontrar de forma más eficiente los vínculos de los narcotraficantes con sus testaferros.Con Cueva coincide el abogado Kléver Carrión, un policía retirado que ahora se encarga de dar asesoría en temas de seguridad.Él cree que ya la situación de inseguridad hace rato se les fue de las manos a la Policía, a las Fuerzas Armadas y al Gobierno, y considera que es la Asamblea Nacional la que debe actuar corrigiendo las leyes permisivas y endureciendo las penas. Recomienda hacerlo inmediatamente.“A corto plazo, es la única forma de parar esto; cualquier otra política va a ser a mediano plazo. Lo más rápido para bajar este crimen es elevar la pena, para neutralizar a las personas y que piensen dos veces antes de cometer un delito”, expresó el expolicía, quien también aseguró que, si no se trabaja en la rehabilitación social, no se logrará nada, porque pese a estar encerrados los delincuentes siguen en contacto con sus cómplices para mandar a extorsionar y matar. (I)

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