El pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destituir a Wilmer P., quien colaboraba como secretario de la Unidad Judicial Penal Norte 1, en Guayaquil, por incurrir en una infracción disciplinaria en torno al caso de Lisbeth Baquerizo, cuya muerte mantiene abiertas dos indagaciones por fraude procesal y femicidio.
La entidad explicó que el exservidor fue sancionado por “revelar información sobre actos investigativos que por su naturaleza pueden favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de las partes”.
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La Judicatura explicó que, según el expediente, el funcionario removido dio a conocer datos relacionados con las indagaciones que se realizaban dentro de la causa penal por fraude procesal por la muerte de la ciudadana ocurrida en diciembre del 2020.
En el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial se establecen unas infracciones gravísimas, cuya sanción es la destitución.
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En agosto del año pasado, familiares de Lisbeth Baquerizo denunciaron la filtración de información en torno a la investigación por el caso de fraude procesal.
Minutos después del sorteo público para conocer los jueces que integrarían el tribunal a cargo del caso por la muerte de la joven, el secretario proporcionó supuestamente el oficio dirigido a la Interpol para la localización y captura de Luis H., el esposo de la víctima y principal sospechoso del crimen, y la boleta de encarcelación a un policía encubierto que estaba en el Complejo Judicial Florida Norte.
“El amigo aquí es de la Policía, vamos a hacer la entrega de la boleta de encarcelamiento para que procedan a la captura del señor, me parece que ya lo tienen ubicado, comunicado por la misma Policía”, dice el secretario frente a los abogados y familiares de ambas partes. Así consta en videos subidos en redes sociales.
En ese entonces, la madre de la fallecida contó que cuando el servidor policial revisaba el documento, los abogados de Luis H. se apartaron, realizaron llamadas telefónicas e inmediatamente salieron del edificio.
Inicialmente, el documento tuvo un error, ya que no figuraba el nombre del esposo de la víctima y principal señalado en la muerte. Solo constaba el nombre de Richard A., formolizador que se declaró culpable de fraude procesal y cumplió condena de cinco meses.
Treinta minutos tomó rehacer el documento que era supuestamente esperado por el policía para compartirlo a colegas que habían localizado al presunto asesino de la joven.
La madre de Lisbeth, Virginia Muñoz, señaló que esa demora evitó que el sospechoso pueda ser capturado, pues, según ella, aquello fue aprovechado por los presentes.
En torno a la muerte de Lisbeth hay dos causas judiciales abiertas, una por femicidio contra el viudo y otro por fraude procesal (encubrir la muerte) contra familiares del hombre y el médico. Además, en el proceso investigativo se dieron tres investigaciones contra funcionarios por supuestamente ayudar a escapar y pasar información a la familia del sospechoso del femicidio.
El fiscal Luis Machado, quien inicialmente investigaba el crimen, es investigado por el Departamento de Control Disciplinario de la Fiscalía. La familia de Baquerizo lo señaló por supuestamente facilitar la fuga del principal sospechoso.
Además, una secretaria de la Fiscalía del Guayas, en la sede de La Merced, también fue procesada por supuestamente haber filtrado información que permitió a los familiares de Luis H. escapar cuando la Policía se movilizaba a Puerto Azul para allanar sus casas y llevarlos detenidos. (I)