La investigación que destapó una presunta red de lavado de activos con millonarios movimientos de dinero, incluso con vínculos con Los Choneros, se inició a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) presentado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), según el principal de esa entidad.

El director general de esa institución, José Julio Neira, además indicó que el proceso se impulsó junto con una denuncia de la Secretaría General de Integridad Pública.

“Todo partió de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) presentado por la UAFE y una denuncia de la Secretaría General de Integridad Pública. Estamos hablando de una estructura que habría lavado más de $ 1.400 millones”, expresó Neira.

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En su tuit, Neira citó el anuncio de agosto de 2024 en el que se informó de la culminación del contrato con Lafattoria, una de las empresas investigadas en el caso Emporio Presidiario, y que distribuyó alimentos a las cárceles hasta junio de 2024, con el Estado.

El caso forma parte de la investigación denominada Emporio Presidiario, que cobró notoriedad tras un operativo ejecutado el 20 de marzo de 2026.

Durante esa intervención, realizada en varias provincias y en el contexto del toque de queda vigente en zonas como Los Ríos, Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, se efectuaron trece allanamientos y se detuvo a once personas.

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Como resultado de la audiencia de formulación de cargos, un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales dictó prisión preventiva para nueve procesados: Pedro R., Hans T., Karla M., Rubén P., Carmen U., André J., Álex B., Blanca G. y Miguel Q. La decisión se adoptó la tarde del domingo 22 de marzo tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía.

En su resolución, el magistrado dispuso la medida cautelar al considerar los indicios expuestos durante la diligencia. Además, ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) garantizar la integridad de los implicados y ubicarlos en centros adecuados que permitan asegurar su derecho a la defensa.

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Operativo y detenciones clave en varias provincias

Las investigaciones también alcanzan a otras seis empresas que formarían parte del entramado.

Según expuso el ministro del Interior, John Reimberg, la red estaría vinculada con la organización criminal Los Choneros y habría movilizado más de $ 1.700 millones a través del sistema financiero. El esquema incluiría empresas relacionadas con sectores como alimentación, transporte y seguridad.

La red criminal y sus vínculos con Los Choneros

El ministro del Interior indicó que parte de los fondos se canalizó mediante compañías interconectadas, con depósitos en efectivo por cientos de millones de dólares. Algunos de estos recursos, señaló, provendrían de personas privadas de libertad o con antecedentes penales.

Los registros analizados revelan movimientos superiores a los $ 1.700 millones entre empresas y además más de $ 178 millones entre personas naturales, en operaciones realizadas en el periodo comprendido entre 2015 y 2025.

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Para Reimberg, el operativo representa uno de los golpes más significativos contra las economías criminales en el país. (I)