El Gobierno nacional se pronunció sobre la decisión judicial que da paso al pedido de traslado de alias Fito de la cárcel La Roca hacia la Regional.

A través de sus abogados, en días pasados, alias Fito presentó una solicitud para que se respete una decisión judicial anterior que prohibía que lo trasladaran a otra prisión por cuestiones de seguridad.

“Es indignante”, calificó el Gobierno nacional a la decisión del juez Diego Poma, quien ordenó el regreso de alias Fito a la cárcel Regional, donde permaneció por una década.

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La Corte Provincial del Guayas indicó este viernes que el “juez señaló que el SNAI no presentó informes justificando su traslado a La Roca”. Además, el magistrado dispuso que se le asigne una nueva celda sin privilegios.

Alias ‘Fito’ plantea acción legal con la que busca salir de La Roca y volver a la cárcel Regional

El Gobierno sostuvo que “no se valora el historial delictivo de esta persona y el peligro que representa para la sociedad ecuatoriana”.

Agregó que el SNAI “agotará” los mecanismos legales para aplicar la revocatoria de esta decisión.

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El Gobierno insistió en manifestar que la actuación de “jueces improbos pone en riesgo su seguridad y boicotea el trabajo de Policía Nacional y Fuerzas Armadas” en la lucha contra el crimen organizado.

En un operativo, semanas atrás, el 12 de agosto anterior, las autoridades habían trasladado al reo hacia ese centro penitenciario.

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Preocupación de entidad de jueces

Esta noche, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) núcleo de Guayas informó que el SNAI no presentó informe policial, técnico, de inteligencia o documento alguno que determine la peligrosidad del sentenciado y justifique su traslado por motivo de seguridad. Además, según el ente, el SNAI indicó que el sentenciado no reporta sanciones disciplinarias y registra buena conducta.

“Expresamos nuestra preocupación porque el juez de garantías penitenciarias no ha recibido protección policial permanente debido a que el Ministerio del Interior exige la existencia de un atentado o amenaza para asignar custodia policial”, sostuvo la asociación. (I)


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