Ecuador y Estados Unidos formalizaron la presencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Quito tras firmar un memorando de entendimiento el miércoles 11, en la Vicepresidencia de la República.
En el acto participaron el ministro del Interior, John Reimberg, y la vicepresidenta María José Pinto, quienes suscribieron el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Con el FBI en Ecuador, las agencias de seguridad podrán compartir información operativa en tiempo real, lo que permitirá fortalecer investigaciones contra el crimen organizado, se anunció.
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La instalación del FBI buscaría crear un mecanismo para identificar, procesar y extraditar a líderes del crimen organizado ecuatoriano hacia tribunales y cárceles de Estados Unidos, según el experto en seguridad nacional y ciencias políticas Carlos Sevillano.
El analista resaltó que la cooperación permitirá rastrear operaciones del narcotráfico y sustentar procesos judiciales fuera del país.
En su criterio, el intercambio de información entre ambos Estados marcará un cambio en la forma de enfrentar las redes criminales que operan en Ecuador.
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“El acuerdo con el FBI va a generar un escalón para poner delincuentes en cárceles estadounidenses”, afirmó.
Ecuador y Estados Unidos firman acuerdo para apoyo del FBI contra crimen organizado
Según Sevillano, el flujo de inteligencia criminal sobre redes del narcotráfico, operaciones financieras y estructuras delictivas facilitará que autoridades estadounidenses soliciten la extradición de cabecillas vinculados a delitos con alcance internacional.
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“El manejo de la información compartida va a permitir a Estados Unidos solicitar la extradición de esos individuos, dependiendo de su nivel de compromiso con el crimen organizado”, explicó.
El experto añadió que el foco estará en los líderes de organizaciones que operan en Ecuador y mantienen conexiones con redes transnacionales de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.
El acuerdo entre Ecuador y EE.UU.
Sevillano añadió que ese intercambio de información operativa facilitará identificar a los líderes de estructuras criminales, documentar sus vínculos con redes internacionales y sustentar procesos judiciales en Estados Unidos.
Además, consideró que la cooperación permitirá reforzar investigaciones sobre lavado de dinero y operaciones financieras vinculadas al narcotráfico. Para ello, según él, se utilizarán sistemas de inteligencia financiera capaces de rastrear empresas, cuentas o transacciones relacionadas con economías ilícitas.
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El analista también señaló que la estrategia busca reforzar la seguridad regional, ya que la cooperación entre ambos países permitirá atacar redes criminales que operan en varios territorios al mismo tiempo.
“Los grupos criminales no pueden declarar la guerra a un Estado, porque el Estado siempre tiene aliados”, afirmó.
Por su parte, el ministro John Reimberg indicó en la firma del acuerdo que la alianza busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado mediante programas de inteligencia criminal y análisis de información para identificar estructuras delictivas.
Sevillano explicó que el acuerdo no se limita al intercambio de información. También contempla apoyo tecnológico y programas de capacitación para fortalecer las investigaciones contra el narcotráfico y las redes criminales.
“El uso de drones y tecnología de análisis de datos también podría ayudar a monitorear rutas del narcotráfico y actividades ilícitas”, señaló.
El factor tiempo y el control del Estado
Aunque el acuerdo abre nuevas capacidades investigativas, especialistas advirtieron que los resultados no serán inmediatos.
El experto en seguridad Diego Pérez consideró que el eje inicial de la cooperación será el intercambio de información estratégica entre las agencias de seguridad.
“Podemos presumir que el aporte principal va a ser compartir inteligencia. Esa es la acción central en este contexto”, explicó.
Pérez añadió que la cooperación también podría incluir programas de capacitación para policías y operadores de seguridad con el objetivo de mejorar los procedimientos investigativos.
Sin embargo, advirtió que los cambios estructurales en materia de seguridad requieren tiempo.
“En seguridad nada sustancial sucede en el corto plazo”, afirmó.
El especialista apuntó que es posible que la cooperación permita capturas relevantes u operaciones puntuales. No obstante, dijo que los resultados sostenidos dependerán de reformas institucionales y del fortalecimiento del sistema de justicia.
Otro elemento clave será el control del Estado ecuatoriano sobre las operaciones de cooperación internacional.
“El Estado no puede transferir sus capacidades de control a un tercero sin supervisión”, advirtió.
Para Pérez, la ciudadanía debe conocer el alcance del acuerdo y las condiciones de colaboración con el FBI. La transparencia, señaló, permitirá entender cómo funcionará esta cooperación en el país. (I)
